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“EPN quiere rebasar al legislativo”: López Brito

Busca Senado de la República inconsistencia jurídica en levantamiento de vedas en cuencas y en deuda pública a 20 años que está contratando el Gobierno Federal para construcción de unidades hospitalarias.

“EPN quiere rebasar al legislativo”: López Brito

FOTO: Archivo.

Los Mochis, Sin.- El presidente de la República Enrique Peña Nieto ha tenido mucha actividad en contrataciones y decretos  a pocos meses de culminar su administración, lo cual llama a la sospecha, preocupación y el rechazo de la sociedad que, ante la desinformación, exige al poder legislativo servir como contrapeso, así lo declaro el Senador Francisco Salvador López Brito. 

El legislador argumentó que hace unos años se intentó modificar el artículo 27 constitucional para liberar las aguas nacionales pero fue evitado por la Cámara de Diputados y Senadores; sin embargo, determinó mediante decreto liberar 10 cuencas del país, lo cual permite en un 75 por ciento brindar nuevas concesiones, del mismo modo hacer contrataciones de deuda pública, por lo cual la Comisión Permanente del Senado de la República deberá presentar una inconformidad para que se revisen estas acciones. 

“A pocos meses de terminar su administración, el presidente Enrique Peña Nieto, llama desde luego a la sospecha, a la preocupación y al rechazo a que a un término de una administración se estén tomando medidas autoritarias, arbitrarias e irresponsables, tanto en el tema de los decretos de cuerpos de agua como en el tema de asociaciones público-privadas para contratar deuda para construcciones de unidades hospitalarias y que van a meter a una presión próximas administraciones, porque son créditos a 20 años, con la responsabilidad de soportar las malas decisiones que se están tomando en los últimos meses de una administración”, acusó. 

Precisó que es importante que se revisen los contratos que está realizando el ejecutivo en el caso de la liberación de las cuencas que ya están generando inconformidades y en la millonaria deuda pública que se pretende dejar a 20 años, por lo cual el poder legislativo está analizando si estos decretos llevan elementos de ilegalidad para fincar responsabilidades al ejecutivo federal.

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