Debe revisarse legalidad en construcción de gasoducto: Canacintra

Los Mochis, Sin.- Ante la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a la Secretaria de Energía (SENER) por la construcción del Gasoducto Sonora, en el segmento Guaymas-El Oro, se pide realizar una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a las comunidades de Navojoa, Álamos y Huatabampo del Pueblo Mayo y de Loma de Bácum de la Tribu Yaqui, a quienes se considera vulneradas en sus derechos humanos. 

En el 2017 indígenas Yaquis utilizaron una retroexcavadora para extraer el gasoducto que construyó Sempra Energy para llevar gas natural de Arizona a Sonora y Sinaloa, lo que ha mantenido inactiva una inversión de 400 millones de dólares, pero además, mantiene a la expectativa a cientos de industriales que ya habían realizado los preparativos para la llegada del energético; sin embargo, el presidente de Canacintra en Los Mochis, Eurípides Valle Ruiz, consideró que primero se debe garantizar el estado de derecho, para que una obra de esta magnitud traiga beneficios para todos. 

“Es importante destacar que las dos cosas son de suma importancia para todos, tanto el gas por todo lo que representa y hemos añorado por mucho tiempo su llegada, por supuesto que son inversiones muy importantes las que se han realizado pero esto no debe de sobrepasar ni pisotear los derechos de ninguno de los involucrados, en este caso por supuesto se exige un estado de derecho, se está generando un antecedente que deberá revisarse y analizarse y si se han vulnerado los derechos de los indígenas deberá analizarse porque un bien que se va a generar no debe vulnerar jamás el estado de derecho, ante todo la Ley y al igual de importante que son las inversiones es atender el estado de derecho”, reiteró. 

Los Yaquis de Loma de Bácum afirmaron que las autoridades comunitarias les preguntaron en 2015 si querían que un tramo de nueve millas del gasoducto atravesara sus tierras y respondieron con una negativa, proceso que legalmente está contemplado en la Ley de Hidrocarburos como Consulta Indígena; sin embargo, la construcción siguió adelante y las comunidades indígenas pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención para garantizar el respecto a su derecho de ser consultados. 

Este proyecto energético fue desarrollado por la empresa Gasoducto Aguaprieta, perteneciente a Infraestructura Energética Novoa, que es la filial en México de la compañía estadounidense Sempra Energy para el diseño y operación de un sistema de transporte de gas natural con longitud de 327 mil 722 kilómetros, y una inversión total de 400 millones de dólares.

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