No hay "moches" en obras, son extorsiones, defienden

Culiacán, Sin.- La corrupción que se da en el gobierno en la asignación de obra pública no se traduce en "moches", sino en extorsiones a las que los constructores tienen que ceder por temor a ser vetados por los funcionarios y ya no tener trabajo, defiende el dirigente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Gallo Palmer. 

Mencionó que, aunque es más común en los estados del sureste como Campeche y Chiapas, los actos corruptos están generalizados en toda la República Mexicana, y generalmente los burocrátas piden a los empresarios entre un 10 por ciento y un 15 por ciento del pago total de la obra a realizar.

"Esto más bien lo entendemos como una extorsión que se ha estado dando y que los constructores requieren la urgente necesidad de trabajar y tienen que entrar a bailar con la música que estén tocando, pero por eso mismo queremos quitar esas facilidades que tienen los funcionarios, eliminar de tajo la posibilidad de que cualquier funcionario, municipal o estatal, puedan decidir a quién darle una obra, ustedes podrán observar que hay edificadores haciendo carreteras y carreteros haciendo edificaciones, eso es el problema que se está presentando en la calidad de la obra", apuntó. 

Gallo Palmer argumentó que los constructores no están contentos con ver mermadas sus ganancias por dicha práctica, pero que si no la denuncian es porque no hay confianza en el sistema de justicia. 

En ese sentido, y entrevistado en el foro que organizó el Congreso local para impulsar modificaciones a la Ley Estatal de Obra Pública, el líder de AMIC subrayó que es urgente que desaparezca la asignación directa y la invitación restringida de obra, pues esos mecanismos son el "caldo de cultivo" de la corrupción.

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