Expresidente de Nissan es formalmente acusado por fraude fiscal

Tokio.- El expresidente de Nissan Motor, Carlos Ghosn, fue acusado hoy formalmente de ocultar pagos millonarios pactados con la empresa, por lo que seguirá en custodia más allá de Navidad, profundizando una crisis que ya causó la caída de una de las figuras más icónicas de la industria automovilística mundial.

Según la Fiscalía de Tokio, la acusación afecta también parcialmente a Nissan Motor y al exdirector de Nissan, Greg Kelly, por su vinculación con los hechos que llevaron a la detención y destitución de Ghosn, de 64 años de edad, reportó la agencia japonesa de noticias Kyodo.

La acusación fue anunciada este lunes, cuando venció el período de detención provisional de Ghosn, lo que obligaba a la fiscalía a ponerlo en libertad, levantar nuevos cargos o anunciar la inculpación formal contra él por los hechos que llevaron a su arresto el pasado 19 de noviembre.

De acuerdo con los fiscales, los dos hombres colaboraron para informar irregularmente sobre los ingresos de Ghosn en los documentos de Nissan por unos cinco mil millones de yenes (44 millones de dólares) durante un período de cinco años que finalizó en marzo de 2015.

En total, las cantidades pactadas por Ghosn y Nissan entre marzo de 2011 y 2015 eran de nueve mil 855 millones de dólares, aunque sólo fue declarado el 50.6 por ciento de esa suma, según la fiscalía.

Además de a Ghosn y a Kelly, la fiscalía acusó a Nissan de haber incumplido la ley de instrumentos financieros del país, que regula las compañías que cotizan en su mercado de valores.

Desde la detención de sus dos altos exdirectivos, la empresa ha tratado de desvincularse de esas malas prácticas, pero los fiscales consideran que el fabricante, como persona jurídica, es también responsable de haber declarado información falsa a los reguladores e sus informes anuales.

Según Nissan, las irregularidades cometidas por Ghosn incluyen declarar unos ingresos menores a los percibidos durante muchos años, usar en beneficio propio capitales de inversión de la compañía “bajo falsos pretextos” y utilizar fondos empresariales para cubrir personales.

De ser condenados, la pena máxima por fraude financiero y violación de las leyes comerciales es de 10 años en prisión, una multa de 10 millones de yenes (unos 89 mil dólares) o ambas.

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