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Congreso local avala prisión preventiva en delitos graves

La medida cautelar para actos de corrupción, robo de hidrocarburos, entre otros, solo podrá durar 2 años, si en ese plazo no se dicta sentencia, el imputado deberá ser puesto en libertad

Congreso local avala prisión preventiva en delitos graves

FOTO: Fernanda García.

Culiacán, Sin.- Con 35 votos a favor, el Congreso local avaló la reforma al artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva.

Los legisladores aprobaron la minuta enviada por el Congreso de la Unión en la que se marca que las personas implicadas en hechos de uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, desaparición forzada y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, deberán ser puestas en prisión en tanto se sigue su juicio.

La morenista, Flora Isela Miranda Leal, aclaró que la medida cautelar no será una acción automática, pues debe ser dictada por un juez, además de que no puede tener una duración superior a los dos años, es decir, que, si no se emite una sentencia en ese tiempo, el imputado tendrá que ser puesto en libertad y sujetarse a otras medidas.

“Es importante aclarar que la medida no es una acción automática y fuera de las reglas del proceso penal, al contrario, es dentro del debido proceso una excepción para que el juez pueda determinar la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva, por ello es necesario señalar que la imposición de prisión preventiva no es una medida automática ni limitada en su duración”, dijo.

Miranda Leal añadió que además de la reforma en materia de prisión preventiva, se deben implementar medidas de formación y capacitación de los operadores del sistema de justicia penal, sobre todo en la formación de los ministerios públicos, dotar de mayores recursos a los policías y peritos y procurar una mayor cantidad y calidad de los defensores públicos.

Finalmente, la legisladora indicó que los cambios a la ley serán suprimidos por el Congreso de la Unión, en caso de que así lo considere necesario el Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego de 5 años, al hacer un análisis de los informes de incidencia delictiva.


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