Senadores presentaron 21 iniciativas de seguridad en periodo ordinario

Ciudad de México.- En el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, las y los senadores presentaron 14 iniciativas en materia de seguridad, de los cuales 21 fueron proposiciones con punto de acuerdo, y discutieron y votaron 34 dictámenes en el pleno.

Con ello se pretende revertir la situación de seguridad actual, por lo que la Cámara Alta trabajó para devolver la tranquilidad a México, construyendo una normatividad adecuada para enfrentar el reto de garantizar la seguridad a los mexicanos, con una nueva visión en la actuación de las instituciones del Estado y de la sociedad.

Entre los asuntos más destacados figura la aprobación de un dictamen para incluir el robo a los servicios de autotransporte federal de carga, pasajeros, turismo o transporte privado, dentro del catálogo establecido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, debido a la alta incidencia de ese delito y la forma violenta en la que suele perpetrarse.

También propusieron declarar el mes de octubre como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”, para realizar jornadas, talleres, foros, debates y mesas de discusión con el propósito de crear estrategias para la protección de datos personales y fortalecer el comercio electrónico, expuso el Senado en un comunicado.

Senadoras y senadores abrogaron la Ley de Seguridad Interior, pues parte de su normatividad fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También, el pleno exhortó a diversos estados de la República e instituciones de seguridad pública a fortalecer y generar políticas, estrategias, planes y programas que garanticen la seguridad e integridad de la población.

Pidió a diversas entidades revisar y fortalecer la estrategia de seguridad pública y combate de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres, a fin de salvaguardar su vida.

El Senado urgió a los organismos de protección civil y de salud de diversas entidades federativas a implementar los protocolos y acciones necesarias para proteger la integridad física de la población y prevenir efectos en la salud, especialmente a los grupos más vulnerables, ante los efectos de los fenómenos naturales en el país.

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