Amnistía exige a Estados Unidos y México frenar las deportaciones de haitianos

Amnistía Internacional exigió este jueves a los países americanos, especialmente a EE.UU. y México, frenar las deportaciones de haitianos, a la vez que condenó «las violaciones de derechos humanos» que sufren en la región, como detenciones ilícitas y discriminación racial.

«Hoy pedimos a los Estados de la región que pongan fin a las deportaciones a Haití y apliquen con urgencia medidas de protección a las personas haitianas, como el asilo y otras vías a la residencia legal para que puedan rehacer sus vidas en condiciones de seguridad», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.

Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance publicaron este jueves el informe «Ningún lugar seguro: Las personas haitianas en movimiento necesitan protección internacional urgente», resultado de una investigación realizada en la ciudad mexicana de Tapachula, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.

El documento concluye que «México está tomando medidas que, en la práctica, podrían estar restringiendo el acceso a protección de las personas haitianas», como «devoluciones ilícitas» y «sin debido procedimiento».

«Mientras la situación política y económica continúa deteriorándose en Haití, lo que facilita violaciones masivas de derechos humanos, secuestros y violencia generalizada, los Estados de las Américas no protegen a las personas haitianas en movimiento, que buscan estabilidad y seguridad», lamentó Guevara Rosas.

DEPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

La crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos ha arrojado luz sobre el éxodo que desde hace una década está vaciando Haití, el país más pobre de América, y que ha llevado a miles de sus ciudadanos a un peligroso peregrinaje por todo el continente.

Mientras se sigue agravando la situación en Haití por el terremoto de agosto pasado y el asesinato en julio del presidente Jovenel Moise, muchos haitianos que vivían desde hace años en países suramericanos buscan ahora llegar a Estados Unidos por la crisis de la pandemia y el endurecimiento de las políticas migratorias.

Ante esta situación, los países de la región devolvieron a Haití a unas 10.800 personas, la mayoría desde Estados Unidos, entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) citados por Amnistía.

La organización subrayó que el derecho internacional «prohíbe que los Estados devuelvan a personas a lugares donde su vida o su libertad», recordó que Haití sufre la «violencia generalizada de bandas» y lamentó que «los Estados de la región, en particular Estados Unidos y México, «han seguido llevando a cabo deportaciones a Haití en las últimas semanas».

Igual que ocurre con personas de otras nacionalidades que protagonizan la ola migratoria sin precedentes que vive la región, Estados Unidos suele expulsar a los haitianos bajo el Título 42, una política del anterior Gobierno de Donald Trump que utiliza como pretexto la covid-19 para expulsiones rápidas sin atender solicitudes de asilo.

Por su parte, México, donde han solicitado asilo más de 26.000 personas haitianas este año ante la imposibilidad de entrar en Estados Unidos, resuelve favorablemente «menos de la mitad de la solicitudes», mientras que en el caso de los venezolanos es superior al 90 % y de los hondureños al 80 %, señaló Amnistía.

«Muchas de las personas haitianas que están en México han vivido en Chile, pero se vieron obligadas a salir del país tras sufrir discriminación racista contra las personas negras y dificultades para regularizar su condición migratoria», expresó la organización.

Precisamente, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez, dijo en septiembre a Efe que la mayoría de haitianos no obtendrán su asilo en México porque migran «por razones económicas».

Paralelamente, Haití vivió el miércoles una tercera jornada de huelga por la crisis de desabastecimiento de combustibles.

Empresas, comercios, instituciones y hospitales usan generadores eléctricos alimentados por derivados de petróleo y desde hace semanas se están viendo afectados por carencias de crudo, que ya ha llevado a suspender el servicio en 50 centros sanitarios del país y está afectando a las telecomunicaciones.

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