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INE ordena al Presidente López Obrador eliminar publicaciones de la inauguración del AIFA

>El ente electoral determina que se violenta la veda por el proceso de consulta para la revocación de mandato.

EFE
23/03/22

INE ordena al Presidente López Obrador eliminar publicaciones de la inauguración del AIFA

FOTO: EFE.

El Instituto Nacional Electoral informó este miércoles que dictó una medida preventiva en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir en veda electoral, así como la promoción del proceso de consulta de revocación de mandato por parte de la ciudadanía.

Mediante un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió cuatro solicitudes de medidas cautelares (medidas preventivas) promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Revolucionario Institucional (PRI).

Las medidas fueron en contra de la organización «Que Siga la Democracia», López Obrador, el presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, además del propio partido.

La Comisión de Quejas declaró procedente la medida cautelar y tutela preventiva solicitadas en contra del presidente López Obrador «por la supuesta difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, es decir, durante el proceso de revocación de mandato».

Se estimó que durante la conferencia del 21 de marzo de 2022 visible en el portal del Gobierno de México «se difunden actividades gubernamentales, vinculadas a los logros y acciones del gobierno, como lo es la apertura y funcionamiento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles».

Esto al destacar la cobertura, inversión y beneficios que dicha obra conlleva, lo que, en apariencia del buen derecho, podría constituir propaganda gubernamental y se encuentra prohibida durante el proceso de revocación de mandato.

El órgano colegiado consideró que el criterio de interpretación legislativa que se publicó el pasado 17 de marzo en este momento «no es aplicable al proceso de revocación de mandato en curso que inició el 4 de febrero de este año con la publicación de la convocatoria respectiva».

Por ello, ordenó al presidente de México, así como al coordinador de comunicación social y vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, que «de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, realice las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar los archivos de audio, audiovisuales y/o versiones estenográficas de la conferencia efectuada el pasado 21 de marzo de 2022».

Además de modificar los referidos archivos a efecto de que sean suprimidas las manifestaciones realizadas por Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, y Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, entre otros.

El pasado jueves, el presidente de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que permite a los funcionarios públicos manifestarse sobre el proceso de consulta de revocación de mandato, a celebrarse el 10 de abril, sin que sea considerado como propaganda gubernamental.

La publicación en el DOF ocurrió horas después de que el Senado mexicano lo validó.

El Senado aprobó las modificaciones del proyecto de decreto que establece que la difusión de la consulta popular de revocación de mandato no sea considerada como propaganda gubernamental y que les permita a los funcionarios promoverla.

A inicios de febrero, la autoridad electoral mexicana dictó una medida cautelar contra el presidente López Obrador para que se ajustara a los principios de imparcialidad y neutralidad en la consulta de revocación de mandato.

En aquella oportunidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a López Obrador a que «se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la revocación de mandato».

La consulta, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, causa polémica porque el propio presidente mexicano la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de mantener «una campaña permanente» para movilizar a sus bases.

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