Fiscal de Sinaloa no argumenta el monto que pide a feminicida de Itzel, se pospone audiencia

Por quinta ocasión, la audiencia sobre el caso del feminicidio de la joven estilista del Fuerte, Itzel 《O》, quien fue brutalmente asesinada el 20 de abril del 2022, se difirió, debido que aun no llegan a un acuerdo el Juez y la Fiscalía; la Fiscal General de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, debe argumentar jurídicamente porqué pide más de un millones de pesos como monto de reparación del daño.

Luego de la pasada audiencia celebrada el 9 de febrero, este jueves 9 de marzo, se retomó el caso de la causa penal 158/2022, en punto de las 9:00 horas, en la sala B de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatorio y Oral zona norte, por el delito de feminicidio agravado vinculado a la desaparición de personas con el fin de contar un delito, en contra de Hueman Fernando 《G》; la cual inició con retrasos por incomparecencia del imputado, debido a un inconveniente de excarcelación con la autoridad penitenciaria.

A las 9:36 la audiencia se retomó, en donde se establecería si se llevaría a cabo en procedimiento ordinario o abreviado, en dónde la Ministerio Público, solicitó al juez de control Paul Pelayo Salazar, fijara una nueva fecha para obtener respuesta del oficio que envió la autoridad jurisdiccional a la Fiscal General de Sinaloa, Sara bruna Quiñones, en donde argumenta jurídicamente el monto solicitado como pago de reparación del daño; toda vez que el Juez asegura que es inconstitucional y que violenta los Derechos Humanos del imputado.

En el mismo sentido los defensores de Human Fernando 《C》, coincidieron en que su representado renunció a su derecho de juicio oral, y se acogió a procedimiento abreviado, por lo que también solicitaron al Juez, que dé tiempo para que la Fiscal responda el oficio que se le envió.

Después de varios minutos, el Juez de control aceptó diferir la audiencia y fijar nueva fecha solicitada por las partes, misma que se celebrará el próximo 29 de marzo del 2023 a las 10 de la mañana.

Cabe mencionar que, esta sería la quinta audiencia en la que no llegan a ningún acuerdo, primera del 8 de noviembre fijaron los montos a pagar como reparación del daño, pero en las siguientes dos audiencias del 10 y 23 de enero, el caso se estancó en alegatos en donde el Juez, Paúl Pelayo Salazar, fijó su postura en contra del acuerdo entre la defensa legal del acusado y el Ministerio Público, en representación de la Fiscalía del Estado.

En las audiencias del 10 y 23 de enero y la pasada del 9 de febrero, se centraron en que el Juez considera anticonstitucional y fuera del marco de la ley, las multas que la Fiscalía pide para el acusado, aún cuando hayan llegado a un acuerdo con la defensa de que Hueman Fernando 《C》, de que enfrente un juicio en procedimiento abreviado, y un pena 34 años en prisión.

Clasificación de multas solicitadas por la Fiscalía:

• El hasta ahora culpado, debería de pagar 800 días de multa con un total de 76 mil 976 pesos, según la Ley Federal del Trabajo.
• El pago de 5 mil días de salario, equivalente a 864 mil 350 pesos, por concepto de reparación del daño.
• El pago de mil días Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 96 mil 220 pesos, por concepto de lucro cesante; es decir; lo que la víctima dejó de percibir ya que era una trabajadora que era el sostén de sus familia.

Lo anterior, con un total de 1 millón, 037 mil 546 pesos, basados en el valor de las UMAS -2022 - 96.22, y salario mínimo en el estado de Sinaloa 172.87 pesos.

Como medidas de no repetición, la Fiscalía pidió, que Hueman Fernando 《G》, tome pláticas sobre derechos humanos y derecho a la vida y someterse a tratamiento psicológico, con el fin de que no repita las conductas que le privaron de la vida a Itzel 《O》. 

Además como medida de satisfacción,  pedir disculpas públicas por el hecho que se le acusa.

El órgano jurisdiccional mantiene su postura en contra de imponerle penas que no están de acuerdo a la Constitución. Determinó que los 1000 días UMA por lucro cesante y el tratamiento psicológico, están fuera de la ley; pues según dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohíbe la imposición de penas contrarias a la ley, distintas o mayores, además violan el artículo 14 de la Constitución Mexicana, y que de aceptar lo estarían incurriendo en imponer una doble pena por el mismo delito.

Es decir; que en lugar de pagar un total de 1 millón 037 mil 546 pesos, pagaría solo 941 mil 326 pesos (le restarían los mil UMAS- 96 mil 220 pesos). Además que no sería sometido a tratamiento psicológico, debido a que acepta su responsabilidad en el pago de reparación del daño.

En este sentido, en la audiencia pasada del 9 de febrero, se determinó que el juzgador giraría un oficio a la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sarah Bruna Quiñonez, en donde solicitará una explicación detallada de los motivos por los cuales el Ministerio Público solicita dichas penas y sanciones. Asimismo, que argumente jurídicamente lo que ya en dos audiencias han solicitado, hasta este día no ha respondido, motivo por el cual de nuevo y por quinta vez se pospone el caso.

Cabe mencionar que, ambas partes interpusieron un recurso de apelación para que se lleve el caso en procedimiento abreviado, en dónde el acusado pasaría 34 años en prisión, lo que indica que le restarían 33 años, con posibilidad de una reducción por buena conducta y podría salir en 16 años y medio, contrario a ser juzgado en procedimiento ordinario, donde podría pasar hasta 75 años en la cárcel.

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