Sinaloa | Norte
Más de 20 empresas en Sinaloa serán citadas por incumplimiento en pago de utilidades
La mayoría de los casos se desarrolla sin contratiempos y los trabajadores reciben el pago después de acudir a la dependencia.
FOTO: Archivo
La Dirección de Trabajo Y Previsión Social en Sinaloa lleva, este día, 44 denuncias por parte de trabajadores que no percibieron en tiempo y forma el pago de utilidades y hasta el momento van 24 empresas citadas quienes de manera obligatoria tendrán que cubrir dicha prestación, informó el titular de la dependencia Ascensión Zepeda Rocha.
El funcionario señaló que desde este día tienen la facultad de citar a las empresas denunciadas y desde temprano por la mañana iniciaron a recibir a los empleados en las tres zonas del estado, quienes recibirán el pago mediante la conciliación entre ambas partes.
«En Los Mochis trabajadores atendidos van 22, el equivalente a 8 empresas y se han dado todos los citatorios. En Culiacán 8 trabajadores equivalente a 7 empresas y en Mazatlán 14 trabajadores y número de empresas 9, los citatorios son para acercar a las partes para que se puedan mediar», expresó.
Indicó que de todos los trabajadores que acudieron a la dependencia en busca de obtener la prestación anual que corresponde por ley, ninguno había percibido nada por concepto de utilidades por lo que se encuentran atendiendo a los empleados en este momento.
Zepeda Rocha recalcó que la dependencia se encarga de la vigilancia y cumplimiento de la norma, es decir, si un trabajador manifiesta que no percibió pago de utilidades se encargan de investigar y después de corroborar la queja.
Posteriormente la empresa recibe una sanción de carácter administrativa y económica. Sin embargo, para que un trabajador pueda verse destituido de este derecho o beneficio primero tiene que agotar la conciliación a través del Centro de Conciliación Laboral.
Agregó que, si a través de la conciliación los trabajadores y el empleador no llegan a acordar el pago, los empleados podrán acudir a un tribunal laboral para continuar con el proceso judicial en exigencia del derecho constitucional con el que cuentan los trabajadores.
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