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«Autoridades de la UAS están derrotadas legalmente»: Marco Zazueta

El diputado local señaló que las autoridades de la UAS están obligadas a transparentar el uso de recursos públicos.

Heidi Fonseca
27/07/23

«Autoridades de la UAS están derrotadas legalmente»: Marco Zazueta

Las autoridades de la UAS están derrotadas por la vía legal, pero hacen del proceso de rendición de cuentas una batalla mediática, en donde no quieren decir en qué gastan las cuotas que pagan los alumnos y todo el ingreso propio, criticó el diputado local, Marco Zazueta Zazueta. 

Apegado a lo que indica la Constitución, el integrante de la Comisión de Fiscalización, señaló que es la primera vez en la historia de Sinaloa que un ente público se niega a transparentar el uso del recurso argumentando supuestos vacíos en la Ley e ignorando las facultades que tiene la Auditoría Superior del Estado.

«La campaña que traen es mediática y legalmente nunca la van a ganar, la Constitución es muy clara, tienen que rendir cuentas. Ellos mismos están obligados a hacerlo entonces legalmente no nos ganarán nada. La batalla es mediática, ellos quieren posicionar su discurso a nivel de la sociedad para ellos supuestamente ganar el debate mediáticamente pero legalmente saben que están derrotados», señaló.


Refirió que la ciudadanía merece conocer por qué las autoridades de la UAS gastaron 30 millones de pesos en la compra de pollo y carne en un abarrote que no vende a mayoreo, así como el gasto que hicieron por 18 millones de pesos en tortillas de maíz durante meses de pandemia del Covid-19. 

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Como se han negado en repetidas ocasiones y les han cerrado la puerta a las autoridades de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, el diputado local reiteró que dentro de la UAS hay opacidad e incumplen con lo que marca la Constitución federal y estatal. 

Sobre el proceso que afronta el Rector Jesús Madueña Molina por abuso de autoridad al no dejarse auditar, explicó que deben de entender que no son dueños de nada y especificar a dónde va el dinero, ya que existe la sospecha de que han aplicado mal el recurso público beneficiando a empresas con domicilios falsos.

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