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Están destruyendo facturas en la UAS para impedir proceso jurídico: Rocha Moya
El gobernador explicó que Madueña Molina fue separado de su cargo como Rector de la UAS por no entregar información al juez.
FOTO: Archivo/LuzNoticias.
Las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), están destruyendo las facturas de supuestas compras irregulares para impedir su proceso jurídico, informó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.
El Gobernador explicó que Jesús Madueña Molina fue separado de su cargo como Rector de la UAS por no entregar la información que se solicitaba por parte del juez.
Indicó que con la llegada de Robespierre Lizárraga Otero, quien es el encargado de despacho de rectoría en la ausencia de Madueña Molina, seguramente el juez ya le está solicitando la información que se ha negado a entregar.
«Seguramente al nuevo rector le están pidiendo esa información porque no pueden tardar, tienen que entregarla y si no la entregan es una… y otra, han estado destruyendo facturas, no pueden estar en esa circunstancia. No se viola la autonomía, el rector no es autónomo, la autonomía es de la universidad», expresó.
Rocha Moya señaló que la autoridades de la UAS contaban con un plazo de 3 meses como máximo para hacer entrega de la información de facturas; sin embargo, ya se habían cumplido dos y el entonces Rector Jesús Madueña Molina se negaba a responderle al juez, por lo que se aplicó la medida cautelar.
El rector aseguró que no tiene un sentimiento de culpa por la separación del cargo de Madueña Molina y sostuvo que no se violenta la autonomía, ya que sostuvo, «el rector no es autónomo, la autonomía es de la universidad».
Cabe recordar, que fue el pasado martes 17 de octubre cuando el juez de control Carlos Alberto Herrera quien dictaminó la destitución del Rector de la UAS.
El juez precisó en los datos de prueba que los imputados no entregaban información que el Ministerio Público les pedía para poder realizar el juicio por el delito del desempeño irregular de la función pública y el ejercicio indebido del servicio público por la compra irregular de 45 millones de pesos en tortillas.
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