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«Que se aplique la ley»: Sergio Mario Arredondo sobre deuda millonaria heredada por Quirino
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó un posible daño a las finanzas del Estado.
Sergio Mario Arredondo Salas.
Que se aplique la ley y que asuman su responsabilidad, señaló el Diputado y Presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso, Sergio Mario Arredondo sobre la multa de más de mil millones de pesos que el exgobernador Quirino Ordaz Coppel le heredó a la actual administración estatal.
La Suprema Corte de Justicia emitió un fallo a favor del SAT, en donde señalan que el exgobernador, Ordaz Coppel, no concluyó auditorías y realizó procedimientos inadecuados con dos grandes empresas sinaloenses: Grupo Coppel y Grupo Arhe, lo que le dejó una multa de mil millones de pesos al gobierno de Rubén Rocha Moya.
«Lo que siempre se debe marcar en esto, que las instituciones, las normas, lo que las leyes establezcan, que se deslinden responsabilidades. Eso es la agenda de rendición de cuentas, transparentar que es lo que está sucediendo y que cada quien asuma su responsabilidad», expresó.
El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó un posible daño a las finanzas del Estado, ya que se dijo, se requieren los recursos para sacar adelante los distintos temas en Sinaloa.
Indicó que espera que las gestiones del actual Gobierno logren resolver la condición financiera del Estado y esclarecer la situación.
Precisó que como diputado solo tiene conocimiento del tema que compartió el propio Gobierno del Estado.
Por su parte, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, indicó que este mal manejo fue hecho con dolo por parte del exgobernador Ordaz Coppel.
«Más de mil millones de pesos, el origen es que hicieron unas auditorías erráticas, no siguieron el procedimiento que demanda el SAT. Seguramente, se hicieron con una falla que perjudicaba el erario, seguramente que si se hizo con dolo, si no no hubiera procedido el SAT».
El mandatario estatal señaló que se enteró de dicha multa el día que rindió protesta, lo que causó que el SAT sancionara a la administración de Rocha Moya, frenándole la concesión por 6 meses para que el estado no pudiera realizar auditorías, además de un faltante de 2 mil 200 millones de pesos para pagar el aguinaldo.
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