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Destitución de Robespierre obliga a la UAS a elegir nuevo rector: Tere Guerra
La presidenta de la JUCOPO aseguró que la UAS incurre en una ilegalidad al elegir por sus medios a un nuevo encargado de rectoría.
FOTO: Luz Noticias.
La destitución del ex Encargado del Despacho de Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Robespierre Lizarraga Otero obliga a la UAS a elegir nuevo Rector mediante el voto libre aseguró María Teresa Guerra Ochoa Presidenta de la Junta de la Coordinación Política (JUCOPO).
Luego de que Robespierre se negara a una auditoría por parte de la Auditoria Superior del Estado (ASE), Robespierre Lizarraga fue separado del cargo como encargado del Despacho de Rectoría de la UAS así como Jesús Madueña Molina, como medidas cautelares por el delito de abuso de autoridad.
Tere Guerra señaló que, en un análisis de dicha Ley vigente, se interpreta que en la designación del Dr. Candelario Ortiz Bueno, como nuevo encargado del despacho de la rectoría de la UAS, las autoridades universitarias incurren en una ilegalidad, según lo que establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Institución.
Explicó que de acuerdo al texto de la Ley Orgánica, el propio Robespierre Lizárraga Otero estaba ejercía un cargo sin sustento en la normativa Orgánica, ya que tiene una temporalidad máxima de 80 días al frente de la Rectoría de la UAS, y Robespierre excedió por mucho la fecha, dado a que el Rector, Dr. Jesús Madueña Molina, tiene aproximadamente un año separado del cargo.
Guerra Ochoa señaló que por no haber sido electo como Rector, Lizárraga Otero tampoco tiene sustento jurídico para nombrar a otro encargado de despacho, y menos hacerlo con un Secretario General para que lo sustituya, ya que ninguno los dos fueron electos en los términos de la normativa interna.
Precisó que de acuerdo con el artículo 36 de la misma Ley Orgánica de la UAS, la Universidad está obligada a organizar un proceso de elección, mediante el voto libre, secreto y directo de la Comunidad Universitaria.
La Presidenta de la JUCOPO hizo un llamada a las autoridades universitarias, a no violentar la Ley, ni los derechos del alumnado a recibir una educación superior oportuna, eficiente y de calidad, ni afectar a maestros a quienes quieren obstaculizar su trabajo, ya que será el alumnado y personal docente y administrativo los principales implicados con las afectaciones de un paro de labores.
