México
Enrique Inzunza presenta dictamen mejorar la eficacia del sistema de justicia
La reforma busca incluir la extorsión, el tráfico de fentanilo entre otros, como causas que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva.
FOTO. Cortesía.
El senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, presentó ante el pleno el dictamen que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La reforma busca incluir la extorsión, el tráfico de fentanilo, el contrabando y los delitos relacionados con falsos comprobantes fiscales como causas que ameritan la medida cautelar de prisión preventiva.
Inzunza resaltó que la modificación tiene como objetivo mejorar la eficacia del sistema de justicia y proporcionar a las autoridades herramientas para combatir delitos que han aumentado en incidencia y complejidad.
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En cuanto a los delitos relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo, el senador mencionó que es una medida urgente, especialmente dada la crisis de salud pública en Estados Unidos.
Fortalecimiento de acciones
El senador enfatizó la necesidad de fortalecer las acciones para combatir el tráfico ilícito de drogas y debilitar las estructuras criminales detrás de este fenómeno, siempre respetando el debido proceso y los derechos humanos para evitar abusos y arbitrariedades.
En relación con la extorsión, Inzunza señaló que ha crecido de manera alarmante en algunos estados, afectando la seguridad y el bienestar de las familias. Destacó la importancia de que las fiscalías actúen con responsabilidad y estrategia para equilibrar derechos humanos y eficiencia en la persecución penal.
Además, propuso incluir los delitos relacionados con falsos comprobantes fiscales como merecedores de prisión preventiva oficiosa, especialmente cuando están vinculados a la delincuencia organizada de cuello blanco. Inzunza subrayó la importancia de contribuir a una recaudación fiscal que financie servicios esenciales.
En su conclusión, el senador citó a juristas alemanes al referirse a la prisión preventiva como una "amarga necesidad". Destacó la importancia de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los imputados al aplicar esta medida, y abogó por un equilibrio entre la política social y penal.
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