Seguridad | 10/01/2016 09:07:00 p. m. | Ernesto Torres
Los Mochis, Sin.- La Procuraduría General de la República ofrece hasta 1.5 millones de pesos, a quien aporte información que ayude a la localización de tres jóvenes de ascendencia extranjera, desaparecidos el 21 de julio de 2015 en la colonia San Rafael.
A través del acuerdo A/139/16, la PGR busca a David Mendoza Marín, Marga Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos, quienes al parecer la última vez que fueron vistos, viajaban en una camioneta Astrovan con placas de Baja California.
Según información de la revista Proceso (9 de julio 2016), los tres desaparecidos son nacidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y residentes en Los Mochis, fueron interceptados presuntamente por agentes municipales de Ahome, para una revisión de rutina, sin embargo posteriormente desaparecieron y hasta la fecha no han sido encontrados.
Como parte de la búsqueda los padres se unieron al grupo de “Las Rastreadoras”, encabezado por Mirna Medina Quiñónez, pero al poco tiempo dejaron el grupo porque buscan a sus hijos con vida.
Además David Mendoza Marín, Margarita Marín Yan y Alfredo Elías Marín Bustos fueron reportados como víctimas de desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de Naciones Unidas.
Con la ayuda de la CIDH y el CED, familiares lograron que se abrieran expedientes en la Procuraduría General de la República (PGR) y en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que un juzgado librara órdenes de aprehensión en contra de tres de los diez policías municipales presuntamente implicados en la desaparición forzada de David, Margarita y Alfredo.
Según la publicación el 15 de abril de este año se confirmó la orden de aprehensión dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Pena de la Región Norte de Sinaloa en contra de los agentes municipales, por el delito de desaparición de personas.
Sin embargo, los agentes no han sido detenidos y tuvieron la oportunidad de interponer un recurso de amparo contra la orden de captura, mismo que fue negado por tratarse de un delito grave.