Sinaloa | 08/03/2017 | Ernesto Torres
El Fuerte, Sin.- Ejidatarios de El Pochotal, El Fuerte, aseguran ser victimas de hostigamientos e intimidaciones, incluso, que tratan de manipularlos con engaños, luego de que este jueves acudiera hasta las tierras una juez del Juzgado Mixto de El Fuerte junto con un actuario, para hacerlos firmar un documento, en el que se comprometían a detener el problema por 700 mil pesos.
María de Los Ángeles Usacamea Valenzuela, comisariada ejidal, manifestó que no están interesados en ningún dinero, ningún arreglo o trato, menos una renta con el particular Antonio Anibal Miranda López, quien se niega a dejar las 320 hectáreas.
Por su parte, también Erasmo Vega Zamora, líder moral de los ejidatarios, dijo que tratan de engañarlos con notificaciones y aseguró que hay corrupción en el caso, donde señaló a la Juez de prestarse a lo que el particular requiere.
“Esto que está pasando se llama hostigamiento, tratan de engañar a la gente con notificaciones, si hay un juicio ya terminado, hay una liberación, una notificación para el señor Anibal, de que ya el ejido va a recoger las tierras para sembrarlas, por qué la Juez de El Fuerte se presta a esto”, cuestionó.
“Vinieron a decir que les firmáramos un documento, en donde nosotros íbamos a recibir 700 mil pesos, pero nosotros nos negamos a firmar, pero nosotros no tenemos ninguna comunicación con él, ni tenemos ni deseamos, nosotros queremos nuestras tierras, nosotros no queremos renta, no queremos nada”, reiteraron los ejidatarios.
Manifestaron que en días pasados acudieron a con la misma juez, para que notificara al módulo Nohme de San Blas, al Patronato de Sanidad Vegetal, para que no se le extendieran documentos al particular, y menos que el módulo no libere agua para las 320 hectáreas hasta que se resuelva el conflicto, para que el ejido pudiera retomarlas y sembrarlas.
Sin embargo, aseguran que la Juez les negó la intervención y argumentó, que no le correspondía porque era un asunto agrario, pero este jueves acudió a las tierras junto con un actuario, supuestamente para presionar a los ejidatarios a que firmen dicho documento.
Los ejidatarios esperan que la Procuraduría Agraria revise la documentación de 100 hectáreas que ya fueron liberadas y de este modo sean entregadas formalmente a los ejidatarios para que tomen posesión de ellas.
Incluso esta tarde acudirá Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Delegada Estatal de la Comisión Estatal para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas