País-Mundo | 09/26/2018 | Notimex
Ciudad de México.- Diputados de Morena y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alistan una iniciativa para castigar de dos a 10 años de prisión a quien incurra en evasión fiscal perpetrada a través de la compra de facturas falsas.
Durante el foro “Corrupción y empresas fantasmas: propuesta de reforma legal para su combate", se planteó que se incorpore al tipo penal correspondiente en el catálogo previsto en el Artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que permitirá que adquiera el carácter de grave e implique prisión preventiva.
La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, expuso que se busca frenar a empresas fantasma que simulen operaciones comerciales y emitan comprobantes fiscales falsos.
Subrayó la importancia de perseguir penalmente “a estas empresas falsas como lo que son, redes delincuenciales organizadas que además utilizan como accionistas a prestanombres, que bien son gente de escasos recursos a quien contratan aprovechándose de su necesidad”.
También advirtió sobre el mercado de compra de datos personales para constituir esas empresas. Por eso se propone además que el delito incremente su penalidad, que actualmente es de tres meses a seis años a dos hasta diez años.
En su opinión ha faltado voluntad política para realmente combatir a ”las redes de suciedad, de clandestinidad, de corrupción que están detrás de todas estas empresas fachadas”.
Por su parte el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, de Morena, aseguró que se está ante un sistema de robo de dinero de los contribuyentes, de desvío de recursos públicos y de un régimen consolidado para la evasión fiscal.
Sostuvo que más de 50 por ciento de la facturación falsa tiene como clientes a servidores públicos, y con un peso muy significativo a entidades federativas y diversos órdenes de gobierno.
“Tenemos que llegar al fondo de la erradicación de este nuevo sistema que se ha fortalecido y que es dañino para las empresas y los contribuyentes formales y, sobre todo, para las finanzas nacionales”, agregó.
La propuesta reforma las leyes de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y sobre la Renta (ISR), el Código Fiscal de la Federación y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
La intención es que personas morales y físicas con actividad empresarial queden obligadas a retener las 2/3 partes del IVA, que se cause cuando paguen servicios independientes prestados tanto por personas físicas como morales.
Con la modificación a la Ley del ISR se busca que las personas físicas y morales de derecho privado, así como la Federación y demás entidades públicas, estén obligadas cuando les presten servicios a retener el 10 por ciento de la contraprestación pagada.
En tanto en el Código Fiscal de la Federación se sugiere elevar la penalidad de quien cometa la conducta ilícita, ya que actualmente es de tres meses a seis años y se busca incrementarla de dos a 10 años de prisión.
También se busca incorporar en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada la emisión, utilización y compra de comprobantes fiscales digitales falsos, “pues la experiencia nos dice que son redes”.
Jorge Covarrubias Bravo, socio de la firma Parás Asesores Fiscales S.C, calificó la propuesta como altamente eficaz, pues hoy se tiene un esquema descontrolado y, por ello, el Legislativo tiene que actuar.
En tanto el presidente de Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro, externó su preocupación por la emisión de facturas por servicios que no se dan y que afectan a la Federación y benefician indebidamente a los compradores.
A su vez Ricardo Cervantes Vargas, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), resaltó que la iniciativa ataca el problema de la facturación falsa y genera un desincentivo para que se use esa figura.