Sinaloa | 10/26/2018 | Fernanda García
Culiacán, Sin.- Ya está investigando la compra de colchones usados que fueron entregados a los damnificados de la depresión 19 E, la Auditoría Superior del Estado, y el expediente se abrió en base a una petición hecha por la Comisión de Fiscalización del Congreso Local y con la información que documentaron los medios de comunicación, dio a conocer la auditora, Emma Félix Rivera.
Detalló que el órgano fiscalizador se encuentra en la etapa de solicitar información a las secretarías de Administración y Finanzas y de Desarrollo Social, y que, si no se había actuado antes, fue porque el caso lo tomaron la secretaría de Transparencia y la Fiscalía General de Justicia, de acuerdo a sus atribuciones.
Félix Rivera refirió que, la competencia de la ASE será detectar si, aparte del coordinador administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas, hay más funcionarios que sean presuntos responsables de la compra de los objetos en mal estado.
“Nosotros ya abrimos el expediente correspondiente y estamos por notificar primero la petición de información a la propia Sedesol, que nos proporcione todo lo relacionado con la adquisición, inclusive a la Secretaría de Administración y Finanzas, precisamente por lo que sucedió, quienes intervinieron de momento fue la Secretaría de Transparencia, que es el Órgano Interno de Control del poder Ejecutivo, y en el caso de la competencia de la Fiscalía, nuestro proceso es diferente, lleva otros trámites, y efectivamente, si de nuestra revisión resultan otros funcionarios involucrados, dependiendo de lo que nuestros documentos nos arrojen deberemos establecer nuestras acciones”, dijo.
La auditora superior del estado recordó que, gracias a las nuevas leyes que trajo consigo la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, además de que el órgano puede emitir los pliegos de observación y los pliegos de responsabilidad resarcitoria, está en la posibilidad de solicitar al Tribunal de Justicia Administrativa que aplique sanciones como el despido y la inhabilitación del servicio público a quienes resulten implicados.