Sinaloa | 01/28/2020 12:52:00 p. m. | Óscar Rodríguez
Mazatlán, Sin.- Ante las medidas estrictas que tienen que ver sobre todo con el aspecto penal fiscal, el gremio de contadores o administradores pugnarían por una nueva reforma legislativa porque le queda muy poco margen de maniobra de defensa legal y en el manejo de las declaraciones a los empresarios, reconoció el especialista en contaduría pública, José Luis Ureña Lizárraga.
"Yo creo que el profesionista ya debe tener una medida de administración de riesgo, una aplicación estricta de las disposiciones fiscales elementalmente y obviamente una administración de riesgo ya no puede ser un asesor en el que diga 'te voy a ayudar cómo elimines un impuesto', porque ya no es opción; es decir, ahora sí que te voy ayudar con un estudio profundo de la ley para decir qué beneficios podemos aprovechar de la misma, y no hay muchos, entendemos que no hay muchos".
"Entonces, qué nos queda, pugnar por una reforma fiscal, ahora como gremio para efecto de que otros conceptos que hemos estado peleando como por ejemplo cuál: no me límites deducciones, ahora me limitan las deducciones de la nómina, dame estímulo de deducción inmediata porque eso me ayuda a generar más empleos; qué otra cosa puede ser, redúceme la tasa de impuesto sobre la renta y mejor déjamela en un 23 por ciento y cuando yo me llevé esa utilidad como persona física te pago el diferencial de 7 por ciento. Tenemos que estar más competitivos como países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundada por los países Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Turquía, Canadá, España, Italia, entre otros), ellos tienen una tasa impositiva del 21 por ciento en promedio", explicó.
Sin duda, en todo este tema, agregó, lo que preocupa a los empresarios, es lo penal fiscal, y lo que tiene que ver con la extinción de dominio y que desaparece en lo fiscal la presunción de inocencia arriba de una supuesta defraudación arriba de 7.8 millones de pesos, que se puede ser sujeto a prisión preventiva sin derecho a fianza, que un socio igual es responsable y esto lleva a la extinción de dominio.
Se decomisan bienes, se paraliza la empresa y la autoridad puede rematarlos sin saber si sería sentencia condenatoria o de libertad. Si se sale libre, eso sí, se recupera el dinero en que se haya vendido.