Sinaloa | 09/03/2020 02:28:00 p. m. | Víctor Acosta
Los Mochis, Sin.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa consideró que es improcedente la denuncia que durante los primeros días de agosto del 2020, presentó la Tesorera Municipal Ana Elizabeth Ayala Leyva, en contra de un grupo de regidores, por consideran que atentaban contra sus derechos laborales.
Este pasado 2 de septiembre, dicho Tribunal notificó a los regidores implicados, a decir, Fernando Arce Gaxiola, del PAS, Ramón López Félix y Gerardo Álvarez Gaxiola, de Morena, que se determinó la suspensión del acto impugnado.
Lo anterior, debido a una solicitud por escrito que hicieron los regidores antes mencionados hacia la Tesorera, para que informara con oportunidad a la Síndica Procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela Benites, sobre las cuentas públicas, como una atención directa a la orden del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN), quien ya había determinado que se ejercía violencia política hacia la síndica.
En rueda de prensa, este jueves, el regidor Fernando Arce indicó que con el resolutivo del Magistrado queda comprobado que la única finalidad de Ana Ayala al momento de interponer la demanda “era callarnos”.
“Fue negada su petición, por una razón de justicia y por una razón legal. No esta en condiciones de pedir protección de la justicia incumpliendo la ley. Lo que pretendía era callarnos porque nosotros nomás la conminamos a la no violencia política contra la síndica”, asentó.
Por su parte, el regidor Ramón López comentó que, de incurrir en un nuevo incumplimiento de informar como corresponde, a Angelina Valenzuela sobre el manejo de las cuentas públicas, se pedirá ante el Cabildo en pleno su renuncia.
“Si insiste en no entregar las cuentas, vamos a pedir que renuncia”, indicó.
Por su parte, el regidor Raúl Cota, quien aunque no estaba dentro de la denuncia se sumó al sentir de sus homólogos, declaró que como fracción priista, siempre han denunciado que la administración no ha respetado los lineamientos, para la presentación de las cuentas públicas, lo que ha venido a representar un deterioro político, administrativo y de sentido social.
“Siempre hemos exigido y hemos sido una fracción que ha exigido que se cumplan las leyes y los reglamentos, en la última presentación de las cuentas públicas, dijimos que no se ha cumplido con las condiciones de la ley, esto ha generado un deterioro político, administrativo y sobre todo de sentido social”, expresó.
Finalmente, los regidores agregaron que el caso queda completamente cerrado, por lo que no existe instancia para una impugnación.