País-Mundo | 01/18/2021 07:33:00 a. m. | EFE
El Cairo.- A pesar de los recientes informes de organizaciones de derechos humanos sobre el coronavirus en las superpobladas cárceles egipcias, las autoridades aseguran que en su prisión de máxima seguridad de Tora no hay casos de la COVID-19, mientras el país experimenta la segunda ola de la pandemia.
Desde marzo de 2020, ONG locales e internacionales han advertido de que las cárceles egipcias se pueden convertir en el "epicentro" del coronavirus, debido al hacinamiento con una ocupación del 300 %, y han criticado la falta de transparencia del Gobierno egipcio respecto a las condiciones de salud en los centros de detención.
Sin embargo, las autoridades egipcias niegan la existencia del virus, especialmente en el enorme complejo de Tora, uno de los más criticados por organizaciones de derechos humanos por el trato que reciben los reclusos, entre los cuales hay numerosos presos políticos.
TORA, UN LUGAR "SEGURO" SIN CORONAVIRUS
El viceministro de Interior para asuntos de prisiones, general Tareq Marzouq, afirma a Efe durante una visita a Tora que aún no se han registrado infecciones por coronavirus en el complejo, ubicado al sureste de El Cairo.
"No hemos registrado casos de coronavirus hasta ahora, debido a la aplicación de las instrucciones del Estado", apunta el militar al tiempo que repasa los protocolos sanitarios, que incluyen celdas de aislamiento, tratamiento médico y la reducción de las visitas a los presos, que fueron suspendidas durante varios meses el año pasado.
Asimismo, apunta que el lugar es "seguro" porque "las cárceles tienen facilidad para aplicar las medidas (preventivas) a causa de la poca circulación de personas".
Las ONG y los familiares de los presos han denunciado que la suspensión o reducción de las visitas es una forma de castigo para los presos, que no reciben la asistencia médica adecuada ni cuentan con lo necesario para protegerse del coronavirus.
CON MASCARILLA ANTE LAS CÁMARAS
Durante la visita organizada para la prensa, cada preso lleva su mascarilla, como Tareq, un recluso que cumple condena por tráfico de drogas y que asegura a Efe que se cubre la boca y nariz "por voluntad propia".
Al ser preguntado si se ha sometido a una prueba PCR y si conoce algún caso de contagio, dos uniformados interrumpen la conversación entre el preso y el periodista.
Por su parte, el miembro del gubernamental Consejo Nacional de Derechos Humanos, Mohsen Awad, dijo a Efe que los presos "reciben un buen trato y tienen a médicos cualificados" a su servicio.
"Pero no puedo asumir que nadie tiene la COVID-19", dice Awad, alegando que "hay mucha gente" dentro de las instalaciones, donde de vez en cuando personal equipado con un traje de aislamiento rocía el comedor de la cárcel ante las cámaras.
UN BUEN TRATO
En la cocina, Alaa Abdelazer, de 40 años, prepara sopa de lentejas para sus compañeros presos. Fue condenado a 5 años de cárcel, de los que ya ha cumplido dos y medio, y cobra 1.200 libras al mes (unos 76 dólares) que envía a su familia.
Él y su compañero Omar Mahran, condenado a 11 años por tráfico de drogas, aseguran a Efe que están "muy contentos" del trato que reciben en la cárcel, donde comen tres veces al día, practican deporte, acuden a talleres de manualidades y van a la escuela.
Los responsables que acompañan a la prensa durante la visita rechazaron las peticiones de los periodistas de acceder a las celdas porque "son muy peligrosas y nunca se sabe lo que puede pasar".
Según ONG egipcias e internacionales y de la propia ONU, los presos políticos son sometidos a largos periodos de aislamiento y se les niega el tratamiento médico que requieren, incluso hasta su muerte.
Desde que el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi llegó al poder en 2013 hasta diciembre de 2019, al menos 958 presos han muerto en custodia, según la organización Committee for Justice.
Sin embargo, el general Marzouq niega estas acusaciones, alegando que "la autoevaluación del propio Estado es más importante que cualquier informe que se haga fuera del país".
"Estamos sometidos a las leyes de derechos humanos (...) y si hay una persona que se sale de la ley, tenemos que disciplinarla de acuerdo con las reglas y con supervisión judicial", dice a Efe.
"Pero por una conducta personal equivocada no podemos juzgar a todo el sistema", concluye.