Sinaloa | 03/12/2021 11:12:00 a. m. | Manuel Aceves
Culiacán, Sin.– El acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sigue siendo complicado debido a que enfrenta una serie de trabas institucionales.
Lo anterior lo expuso Priscila Rebeca Salas Espinoza, al impartir la charla “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para las Mujeres”, promovida por la asociación civil Construyendo Espacios para la Paz.
La vocera de la colectiva no se “Metan con Nuestras Hijas”, lamentó que desde el momento en que una mujer acude al Ministerio Público a presentar una denuncia se encuentra con una serie de obstáculos que en muchas ocasiones la hacen desistir.
Precisó que algunas de estas limitantes son: que la violencia contra las mujeres se percibe por las propias autoridades como de baja prioridad; se descalifica a las víctimas; no se hacen pruebas clave para el esclarecimiento de los casos; otorgan poca credibilidad a las declaraciones de la víctima y mucha a la de los agresores.
Asimismo, dijo que existen problemas estructurales que afectan el procesamiento de los casos de violencia contra las mujeres, por ejemplo en las zonas rurales, enfatizó que faltan abogados de oficio para estos casos, existe debilidad en los ministerios públicos así como en las instancias policiales involucradas en la investigación de los delitos, pero sobre todo prevalece una cultura patriarcal y de estereotipos.
Con base en lo anterior, recomendó el diseño de una política estatal integral la cual se respalde con recursos públicos adecuados, para garantizar que víctimas de violencia tengan un acceso adecuado a la justicia y que los actos de violencia se prevengan, investiguen, sancionen y reparen de forma adecuada.
Otra de las recomendaciones que emitió, fue que se creen las condiciones necesarias para que las mujeres puedan usar el sistema de administración de la justicia, es decir, remediar los actos de violencia sufridos y reciban un trato digno por parte de funcionarios al acudir a las distintas instancias judiciales.
Por último, sugirió motivar a Estados a adoptar medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a la justicia.