Sinaloa | 03/28/2022 10:55:00 a. m. | Diana Cruz
Con la expectativa de que el proceso se lleve acabo con transparencia y haya consecuencias legales contra el presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Sinaloa A.C, presentó ante la oficina de partes del Congreso del Estado una segunda solicitud de Juicio Político contra el alcalde de Culiacán.
El Presidente de la FAS, Julio Sergio Alvarado Andrade, señaló que el edil no ha aclarado el déficit de 40 millones de pesos, así como los 10 millones en participaciones Federales, encontradas a partir de la revisión de la cuenta pública del 2020 del municipio de Culiacán; por lo que esperan que con la nueva figura jurídica que presentaron denominada Incapacidad Moral, los diputados se decidan a realizar el proceso legal.
«Creo que no que se había presentado esta figura, no se había tocado por la otra denuncia de juicio político de nuestros compañeros que ya está en curso también, (…) Esperemos que si los legisladores estaban indecisos de la denuncia que está en curso creo que esto pueda apuntalarla», señaló.
Algunos de los agravios que se declaran en el documento son:
-Por la violación grave a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a las Leyes locales y federales, por el manejo indebido de fondos con participaciones del estado y federales y especialmente, a los de la Hacienda Pública del Municipio de Culiacán.
-Por los actos y omisiones de de los servidores públicos a su cargo, especialmente a quien dirige el órgano de control interno del Ayuntamiento, su secretario Otón Herrara, así como a la tesorera Issel Guillermina Soto «quienes en virtud de sus actos, en algunos casos omisivos han traído un grave y sistemático perjuicio al municipio y a los intereses públicos fundamentales», se describe en el documento.
Asimismo, los abogados detallaron que el pasado viernes 25 de marzo presentaron la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción contra Estrada Ferreiro por el delito de Desempeño irregular de la función pública.