Justifica Renapred privación de internos por adeudos en centros de rehabilitación de Ahome

Sinaloa | 06/12/2022 01:32:00 p. m. | Víctor Acosta

>Esteban Ramírez señaló que los centros prestan un servicio que debe ser cubierto por las familias.

Ante los casos que atiende la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por las denuncias de que algunos centros de rehabilitación de Ahome no permiten la salida de internos por adeudos en las cuotas, Esteban Ramírez Álvarez justificó la acción, pues enfatizó que los centros operan, básicamente, con la cuota voluntaria que aportan las familias.

El presidente de la Red Nacional de los Centros de Atención Integral de Adicciones (Renapred) precisó estar de acuerdo en que no se retenga a las personas, pero comentó que también debe haber empatía por parte de la CEDH y de los propios familiares que el internamiento y la recuperación llevan un costo que debe cubrirse.

Especificó que los apoyos para la operación de los centros de rehabilitación son muy pocos, por lo que para que los centros funcionen de manera óptima son trascendentales estas aportaciones voluntarias que hacen los familiares, por lo que no es justo, dijo, que se desatiendan de ellos y después de beneficiarse quieran denunciar una privación de la libertad.

«Sí, yo no estoy de acuerdo en que se retenga una persona dentro del centro, por no cumplir con la cuota de recuperación, pero también por otro lado, yo me pongo en el lugar de los centros que, por ejemplo, están pagando luz, agua, renta, el gasto operativo que implica darle tratamiento a una persona, darle mantenimiento, mantenimiento a las instalaciones, tenerles aires acondicionados, etcétera», señaló.

Esteban Ramírez declaró que hay emergencias que el propio centro cubre ante la ausencia de los familiares, como, por ejemplo, cuando un interno se enferma y tiene que ser trasladado a un hospital.

El presidente de la Renapred añadió que el interno recibe un trato digno y humanitario en el proceso de recuperación, por lo que lo más justo sería que los familiares respondieran con el pago de las cuotas y no con denuncias tanto a los derechos humanos como a la Fiscalía General de Justicia.

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