Agro | 10/11/2022 07:46:00 p. m. | Esthela García
El pasado 29 de septiembre se presentaron cuatro iniciativas en la Comisión de Salud y Estudios Legislativos del Senado de la República, donde se busca reformar la Ley General de Salud en Materia de Plaguicidas, con el principio precautorio por el daño que pueden ocasionar los agroquímicos y plaguicidas a la salud.
Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (CAADES) dijo que el argumento es que el sector productivo no tendría ninguna afectación si se sustituye por bioinsumos, algo que aseguro está muy lejos de la realidad pues significaría reducir os rendimientos de 12 a sólo 8 toneladas por hectárea.
En el marco de una reunión de trabajo ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en el Senado de la República, el dirigente agrícola explicó, de acuerdo a información técnica, que sin el uso de estas fórmulas químicas, combinadas con bioinsumos, se podría perder el 30 por ciento de la producción.
«En Sinaloa, las principales enfermedades que enfrentan los cultivos de maíz son la roya, pudrición de tallo y huitlacoche, y las principales plagas son el gusano cogollero, el gusano trozador, el gusano elotero, la mosca del estigma y el pulgón de la espiga», añadió el Presidente de CAADES.
El líder de los agricultores sinaloenses dijo que en la mayoría de casos el control con bioinsumos no es suficiente para mantener control de estas plagas, de ahí que el uso de fórmulas químicas autorizadas y reguladas, permiten que no se llegue a niveles del umbral económico donde la actividad deje de ser rentable.
El presidente de CAADES, ante el pleno de la Comisión de Agricultura del Senado de la República, expresó que comparte la legítima preocupación de los legisladores y funcionarios para proteger la salud humana y el medio ambiente.
Por este motivo, según explicó, es importante, asegurar que las modificaciones al marco normativo, se centren en una mejor regulación de los plaguicidas.
Dijo que no debe ser para erradicarlos del campo, sino más bien una prohibición para evitar el uso indiscriminado y sin recomendaciones de un técnico autorizado, al igual que no se usen plaguicidas o compuesto que no cuenten con registro vigente debidamente expedido por la autoridad competente.