Policiaca | 01/26/2023 02:02:00 p. m. | Ernesto Torres
La autoridad jurisdiccional del caso de Itzel «O», determinó que no hay sustento legal para la pena y el monto que acordaron las partes, para el acusado del feminicidio de la joven estilista de El Fuerte, pues la Fiscalía pide más de 1 millón de pesos, además de los 34 años de prisión.
Luego que el pasado 10 de enero, se difiera la audiencia sobre la causa penal 158/2022, por el delito de feminicidio agravado vinculado a la desaparición de personas con el fin de contar un delito, en contra de Hueman Fernando «G».
Hoy se retomó el caso tras llegar a un acuerdo entre la defensa legal del acusado y el Ministerio Público, en representación de la Fiscalía del Estado.
Dicho acuerdo era que el ahora acusado enfrentaría un juicio en procedimiento abreviado, y que tendría como pena 34 años en prisión.
Lo anterior con un total de 1 millón, 037 mil 546 pesos, basados en el valor de las UMAS -2022 - 96.22, y salario mínimo en el estado de Sinaloa 172.87 pesos.
Como medidas de no repetición, la Fiscalia pidió que Hueman Fernando «G», tome plaricas sobre derechos humanos y derecho a la vida y someterse a tratamiento psicológico.
Esto, con el fin de que no repita las conductas que le privaron de la vida a Itzel «O». Además como medida de satisfacción, pedir disculpas públicas por el hecho que se le acusa.
Este día, al retomarse la audiencia intermedia, en la sala B, de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral zona norte, de Goros II, Ahome, y tras dos recesos, el Juez de la Causa, Paúl Pelayo Salazar, declaró improcedente establecer dichas multas y sanciones.
Esto aún cuando ambas partes así lo habían acordado para llevar el procedimiento abreviado.
Pues el órgano jurisdiccional determinó que los 1000 días UMA por lucro cesante y el tratamiento psicológico, estaban fuera de la ley; pues según dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prohíbe la imposición de penas contrarias a la ley, distintas o mayores.
Detalló que no es viable aludir un lucro cesante por un homicidio, debido a que el sustento en la ley prevé que «es cuando la víctima termina con lesiones que le impiden o la incapacitan para trabajar».
Pero que no habla de la muerte, lo cual señaló ya está implícito en la reparación del daño. En este sentido, reiteró «no es aplicable, no es conforme lo marca la ley».
El Juez argumentó basado en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que poner ciertas canciones mayores a la ley, sería un acto ilegal y arbitrario que no tiene sustento jurídico.
Es decir; que en lugar de pagar un total de 1 millón 037 mil 546 pesos, pagaría solo 941 mil 326 pesos (le restarian los mil UMAS- 96 mil 220 pesos). Además que no sea sometido a tratamiento psicológico, debido a que acepta su responsabilidad en el pago de reparación del daño.
Por lo anterior, Paul Pelayo Salazar otorgó a la Fiscalía una nueva fecha para audiencia, el próximo 9 de febrero del 2023, en punto de las 11:00 horas, para determinar tres opciones procesales.
La primera que si no está de acuerdo con su decisión, ponga un recurso de impugnación para que su determinación como órgano jurisdiccional sea revisada por Supremo Tribunal de Justicia.
Segunda, que sustenten jurídicamente las multas y sanciones previstas para un procedimiento abreviado por el delito en mención, y que realicen de nuevo la solicitud del mismo para poder llevarlo a a cabo.
Tercera, continuar la etapa procesal en una audiencia intermedia en un juicio oral y no de procedimiento abreviado.
Cabe mencionar que fue desde el pasado 8 de Noviembre del 2022, acordaron un procedimiento abreviado, donde el presunto feminicida será sentenciado a 34 años de prisión.
Lo que indica que le restarían 33 años, y podría salir en poco más de 16 años por buena conducta, además de pagar los morros antes descritos. Contrario a lo que en un principio buscaba la Fiscalía de Sinaloa, 75 años de prisión.