Los presuntos delitos que podría imputar la Fiscalía son: «explotación laboral, empleando violencia y amenazas para que se realice el trabajo o servicios forzados y posible trata de personas».
María Araceli Sepúlveda Sauceda, visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Zona Norte de Sinaloa, advirtió que la carpeta de investigación en la Vicefiscalía es a la par de la judicialización por el pago de salarios y prestaciones en el Tribunal de Justicia Laboral.
«La carpeta de investigación habla de haber sido empleados o de haber estado usando la violencia de explotación laboral, trata de personas, se habla del trabajo o servicios forzados bajo amenazas, se habla de un presunto delito o un conjunto de delitos, no es solo uno, sino un grupo, en el cual, por las diversas aristas que tiene el caso y las personas, y sus edades, habrá de calificarse y hacerse la investigación que corresponde», indicó.
La carpeta de investigación contiene entrevistas detalladas de los 42 jornaleros agrícolas, en dónde detallan las condiciones en las que los tenían trabajando, entre ellas destacan que los hacían laborar desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, dormir a todos en un solo «galerón», no dejarlos salir del campo agrícola, ni tener contacto con sus familiares.
Durante los cuatro meses de trabajo, los jornaleros dormían en el piso, sin acceso al pago pactado cuando fueron contratados y sin revisión médica.
«Yo creo que hay elementos, demasiados, que se tienen que interpretar y se harán valer, y en su caso se habrá de determinar la responsabilidad de quienes resulten responsables de estos hechos y, por otra parte, la sanción con el pago, con todas las prestaciones de los trabajadores, lo justo y lo que corresponda», recalcó.
Los hechos
En el mes de agosto, reclutadores, de los que se desconoce su identidad, acudieron a Dolores y Calvo, Chihuahua, para convencer a los jornaleros de ir a trabajar a Sinaloa y a Jalisco, y dividieron a los jornaleros en dos grupos.
Desde el mes de septiembre, los 42 jornaleros agrícolas arribaron a Sinaloa, al campo agrícola ubicado en el Campo 35, municipio de Ahome.
Cuatro meses después, un familiar del grupo de jornaleros, que además son desplazados, pidió ayuda al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La ACNUR, que se encarga de proteger a los refugiados y desplazados por persecuciones y conflicto, informó al Gobierno del Estado de Sinaloa sobre un posible caso de trata de personas, trabajo forzado, violencia y explotación laboral.
La Fiscalía inició una investigación y ubica a los jornaleros agrícolas en el Campo 35, posteriormente, solicita el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la cual actúa a través de Protección Civil.
La noche del 26 y madrugada del 27 de enero del 2023, se logra rescatar a 42 jornaleros agrícolas: 18 menores de edad, entre hombres y mujeres; 10 hombres y 14 mujeres.
Los jornaleros fueron resguardados en el Centro de Alto Rendimiento del Polideportivo Centenario del Ayuntamiento de Ahome, en la ciudad de Los Mochis.
La Dirección de Trabajo y Previsión Social intentó realizar una conciliación entre las partes para que se les pagarán 50 mil pesos por jornaleros agrícola, pero la parte patronal no aceptó.
A la par, la Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación sobre «explotación laboral, empleando violencia y amenazas para que se realice el trabajo o servicios forzados y posible trata de personas».
Hasta el momento, se desconoce el paradero del otro grupo de jornaleros agrícolas que fue trasladado a Jalisco.