Sinaloa | 02/09/2023 02:20:00 p. m. | Ernesto Torres
Luego de que un Juez determinó que no había sustento legal para la pena y el monto que acordaron las partes para el acusado del feminicidio de la joven estilista de El Fuerte, Itzel «O», se retomó el caso y la autoridad jurisdiccional mantiene su postura: asegura que es anticonstitucional imponer 34 años de prisión y el pago de más de 1 millón de pesos.
En continuidad de la audiencia intermedia, en la sala B de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral zona norte, sobre la causa penal 158/2022, por el delito de feminicidio agravado vinculado a la desaparición de personas, con el fin de contar un delito, en contra de Hueman Fernando «G», hoy se retomó el caso, pero el Juez Paúl Pelayo Salazar fijo su postura en contra del acuerdo entre la defensa legal del acusado y el Ministerio Público, en representación de la Fiscalía del Estado.
La audiencia se centró en que el Juez considera anticonstitucional y fuera del marco de la ley, las multas que la Fiscalía pide para el acusado, aún cuando hayan llegado a un acuerdo con la defensa de que Hueman Fernando «C», enfrente un juicio en procedimiento abreviado y una pena de 34 años en prisión.
El órgano jurisdiccional mantiene su postura en contra de imponerle penas que no están de acuerdo a la Constitución.
Determinó que los mil días UMA por lucro cesante y el tratamiento psicológico, están fuera de la ley; pues dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohíbe la imposición de penas contrarias a la ley, distintas o mayores, además violan el artículo 14 de la Constitución Mexicana y que de aceptar estarían incurriendo en imponer una doble pena por el mismo delito.
Es decir, que en lugar de pagar un total de 1 millón 037 mil 546 pesos, pagaría solo 941 mil 326 pesos (le restarían los mil UMAS— 96 mil 220 pesos). Además, que no sea sometido a tratamiento psicológico, debido a que acepta su responsabilidad en el pago de reparación del daño.
En este sentido, el juzgador comentó que girará un oficio a la Fiscal General del Estado de Sinaloa, Sarah Bruna Quiñonez, en donde solicitará una explicación detallada de los motivos por los cuales el Ministerio Público solicita dichas penas y sanciones.
Asimismo, que argumente jurídicamente los que ya en dos audiencias han solicitado.
Por lo anterior, Paúl Pelayo Salazar otorgó a la Fiscalía una nueva fecha para audiencia en un mes, el próximo 9 de marzo del 2023, para determinar las opciones procesales, en donde además se espera la respuesta de la Fiscal General del Estado; ahí se sabrá si procese el recurso de apelación que interpuso la defensa legal de Hueman Fernando.
Cabe destacar que en la audiencia del 26 de enero, Hueman renunció a su derecho de un procedimiento «normal», por uno de procedimiento abreviado, en dónde el acusado pasaría 34 años en prisión, lo que indica que le restarían 33 años, con posibilidad de una reducción por buena conducta y podría salir en 16 años y medio, contrario a ser juzgado normal podría pasar hasta 75 años en la cárcel.