Policiaca | 03/29/2023 05:59:00 p. m. | Ernesto Torres
Por sexta ocasión, la audiencia sobre el caso del feminicidio de la joven estilista de El Fuerte, Itzel «O», quien fue brutalmente asesinada el 20 de abril del 2022, se difirió.
En esta ocasión, no porque la Fiscalía insista en que el imputado pague más de 1 millón de pesos como monto de reparación del daño, sino porque presentó una nueva penalidad, pero deberá ser analizada por la defensa.
Las 5 audiencias pasadas sobre el caso de la causa penal 158/2022, en la sala B de la Sede Regional de Justicia Penal Acusatoria y Oral Zona Norte, por el delito de feminicidio agravado vinculado a la desaparición de personas con el fin de ocultar un delito, en contra de Hueman Fernando «G», también fueron aplazadas.
Y es que, anteriormente, el Ministerio Público, en representación de la Fiscalía de Sinaloa, pedía que el imputado pagara una pena de 34 años en prisión, además montos diversos con un total de 1 millón, 037 mil 546 pesos, pero el juez lo negó.
Este día, al iniciar la audiencia, propusieron una nueva penalidad y nuevos montos para proceso abreviado, los cuales no fueron expuestos, pero la defensa respondió que deberá analizarlos y ponerse de acuerdo con su representado, por lo que pidió que se difiriera la audiencia.
El juez Paúl Pelayo Salazar concedió el plazo y fijó fecha: a las 12:00 horas del próximo 11 de abril del 2023 para presentar la propuesta y llevar a cabo la terminación anticipada.
Lo anterior, con un total de 1 millón, 037 mil 546 pesos, basados en el valor de las UMAS-2022 - $96.22, y salario mínimo en el estado de Sinaloa, de 172.87 pesos.
Como medidas de no repetición, la Fiscalía pidió que Hueman Fernando «G» tome pláticas sobre derechos humanos y derecho a la vida, y se someta a tratamiento psicológico, con el fin de que no repita las conductas que le privaron de la vida a Itzel «O».
Además, como medida de satisfacción, debe pedir disculpas públicas por el hecho que se le acusa.
El caso se estancó debido a que el órgano jurisdiccional mantiene su postura en contra de imponerle penas que no están de acuerdo a la Constitución.
Determinó que los 1000 días UMA por lucro cesante y el tratamiento psicológico están fuera de la ley, pues, según dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohíbe la imposición de penas contrarias a la ley, distintas o mayores.
Además, violan el artículo 14 de la Constitución Mexicana, y que de aceptar lo estarían incurriendo en imponer una doble pena por el mismo delito.
Es decir, que en lugar de pagar un total de 1 millón 037 mil 546 pesos, pagaría solo 941 mil 326 pesos (le restarian los mil UMAS - 96 mil 220 pesos). Además, que no sea sometido a tratamiento psicológico, debido a que acepta su responsabilidad en el pago de reparación del daño.