Policiaca | 04/08/2023 05:05:00 p. m. | Ernesto Torres
Hace casi una década que el gobierno que encabezó el exgobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, anunció «con bombo y platillo» la inversión de casi 4 millones de pesos en la construcción de un edifico para el Servicio Médico Forense (Semefo), en Ahome, que sería operado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa (PGJE).
Actualmente, es un inmueble convertido en un elefante blanco y el trabajo que debería realizar la ahora Fiscalía, lo hacen empleados de empresas.
Además, las mismas casas mortuorias son quienes asumen los costos de resguardo de cuerpos de víctimas que son encontrados en fosas clandestinas o de personas en situación de calle, pues en algunas empresas del norte de Sinaloa hay más de 100 cuerpos en sus cámaras frigoríficas.
A la crisis forense por la que atraviesa el país, en materia de identificación humana, se suma la crisis de personal en las Fiscalías, pues en el caso de Sinaloa, específicamente, en el norte, según fuentes en el mismo órgano autónomo, hay déficit de médicos legistas, de un laboratorio de genética estrictamente paras las víctimas de los municipios del norte del estado y, principalmente, que el Semefo funcione, pues aunque fue construido en el 2014, está en abandono.
Por su parte, un elemento del área de la Dirección General de Investigación Pericial de la Vicefiscalía zona norte, expuso que la Fiscalía arrastra una crisis de personal, aunado a que no administra el presupuesto que se asigna aprobado por el Congreso del Estado.
Asegura que apenas y alcanza para solventar los gastos corrientes, razón por la que asume no hay médicos legistas suficientes. Y es que solo hay 4 para los municipios de Ahome (incluido el Valle del Carrizo), El Fuerte y Choix, por lo que debe ser el personal de las empresas funerarias quienes realicen trabajos que, exclusivamente, debería estar en manos de la Fiscalía, como el caso de algunas necropsias.
Fue en el año 2014, el Gobierno de Sinaloa invirtió 3 millones 846 mil pesos, en la construcción del Servicio Médico Forense (Semefo), Los Mochis, ubicado a un costado del Centro de Ejecuciones de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude), en las inmediaciones de Goros II, Ahome.
Dicho SEMEFO, de alrededor de 450 metros cuadrados, cuenta con laboratorios, dos cuartos fríos con capacidad cerca de 100 cuerpos, rayos x, área de putrefactos, baños, vestidores, oficinas y zona de atención al público; sin embargo, el inmueble está inutilizado.
Luce desolado y en abandono, pues además de estar convertido en un «elefante blanco», el trabajo que debería realizarse ahí se le cargó a las funerarias locales.
Agregó que desde entonces, por acuerdos «de palabra», se decidió que los cuerpos que encontraran a la posteridad o que no fueran identificados, quedarían bajo custodia de la Fiscalía, pero en resguardo de las casas funerarias.
Pero a casi una década de que esto ocurriera, hay funerarias que «apilan» cuerpos por falta de espacio. Y es que, según declararon a Luz Noticias, de entre los más de 100 cuerpos y osamentas que hay en algunas, hay víctimas que fueron ejecutadas antes del 2014 o que han sido encontrados en fosas clandestinas de los municipios del norte.
Es común y bien sabido que los colectivos realizan el trabajo que debe hacer la Fiscalía de Sinaloa, de buscar y localizar los cuerpos, pero también, las funerarias «les aligeran la chamba y la cargan de gastos», pues al almacenar los cuerpos de personas no identificadas, costean los gastos que esto conlleva; es decir, su personal realiza necropsias de cuerpos que no son reclamados, los resguarda en sus cuartos fríos, mismos que en más de una década, jamás se han apagado, porque el Semefo no funciona y no hay donde guardar las más de 100 cuerpos y osamentas. Aunado a que la Fiscalía tiene un presupuesto asignado para la operación de los Servicios Médicos Forenses.
Cabe mencionar que desde hace más de dos años, no sepultan cuerpos en las fosas comunes, lo que evidencia la lentitud de identificación humana, pese a que los Semefo estén colapsados y el caso del norte de Sinaloa, ni siquiera opera y la carga se la dejan a las funerarias.
Quintana Osuna comentó que, en los próximos días, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicará el estudio de la situación de los servicios médicos forenses en México y que dicho estudio ayudará a la Comisión Nacional de Búsqueda a construir una respuesta a la capacidad humana y de infraestructura en esta materia.
Cuestionada por Luz Noticias sobre la crisis forense que atraviesa la Fiscalía en el norte de Sinaloa, donde se han dado la «doble desaparición», debido a que funerarias están colapsadas, saturadas de cuerpos, debido a que la FGJE no habilita el Semefo de Los Mochis, la Comisionada Nacional declaró que una funeraria no debe resguardar los cuerpos, pero en la realidad, para las autoridades es lo más práctico, fácil y barato.
Uno de los casos es el de un joven que fue privado de su libertad el 23 de diciembre del 2013, al sur de Los Mochis, su cuerpo fue localizado 16 días después, el 8 de enero del 2014, en un predio en la periferia de la sindicatura de la Villa de Ahome.
El calvario para la familia de la víctima comenzó ese diciembre del 2013, pero se prolongó por 3 años, 3 meses; primero por quienes se llevaron a la fuerza al joven y después por la burocracia.
Pues aunque la víctima fue encontrada 16 días después de su privación, el propietario de una casa funeraria de la Villa de Ahome a donde se llevó el cuerpo, no le permitió a la madre verlo, aún cuando ella le rogó en repetidas ocasiones que le permitiera verlo, con el fin de confirmar o descartar, pues la ropa coincidía con la del joven.
No fue hasta que un día, en una de las veces que fue a la Vicefiscalía a preguntar qué avances había, cuando se enfrentó con un MP, a quien lo encaró y lo cuestionó el porqué aún no salían los resultados de ADN, que ya había pasado un año.
De este modo, tras la discusión regresó a su casa «en un mar de llanto, por la impotencia y el dolor», según narra. De pronto recibió una llamada de la misma Vicefiscalía; era para avisarle que los exámenes eran positivos, que su ADN coincidía con la muestra genética que le realizaron a un cuerpo, el que había estado en la funeraria, que encontraron 16 días después de su privación y que nunca le permitieron reconocer visualmente.
Para entonces, el cuerpo ya había sido depositado en la fosa común del panteón de la Villa de Ahome, en la funeraria solo estuvo del 8 enero del 2014 al mes de mayo.
Fueron 3 años, 3 meses y días de incertidumbre, de noches en vela, de mantenerse de pie solo por la esperanza de localizarlo, de saber dónde estaba, pues el 27 de marzo del 2017, tras una segunda prueba de ADN, la agente del Ministerio Público le liberó el cuerpo y fue exhumado para darle cristina sepultura.
La omisión no solo fue de la empresa funeraria de Ahome, que no permitió a la familia de la víctima pudiera identificar a tiempo el cuerpo de la víctima, de este modo poder velarlo, pues cuando fue encontrado tenía 16 días de su desaparición, además hizo que la familia viviera un calvario por todo ese tiempo. También la misma Vicefiscalía, debido a que los resultados de ADN ya estaban en Los Mochis y no se los habían entregado, tardaron más de un año desde que se los practicó, pues el segundo ADN tardó solo un par de semanas.