Internacional | 09/30/2023 12:00:00 p. m. | Luz Noticias
Estados Unidos se encamina hacia un cierre de Gobierno este fin de semana, el cual podría perturbar muchos servicios gubernamentales, presionar a los empleados federales y agitar la política mientras los republicanos en la Cámara de Representantes, impulsados por demandas de la extrema derecha de recortar los presupuestos, fuerzan una confrontación sobre el gasto federal.
Si bien algunas entidades gubernamentales estarán exentas por ejemplo, los cheques del Seguro Social seguirán emitiéndose otras funciones se verán gravemente restringidas.
Las agencias federales suspenderán todas las acciones consideradas no esenciales, y muchos de los aproximadamente 2 millones de empleados del gobierno federal, así como 2 millones de militares y reservistas en servicio activo, no recibirán cheques de pago.
Gobierno de Estados Unidos. | FOTO: Twitter.
A menudo aprueban extensiones temporales llamadas resoluciones continuas o CR para permitir que el gobierno siga funcionando.
Cuando no se promulga un presupuesto, las agencias federales frenan todo trabajo no esencial y no envían cheques de pago mientras dura el cierre.
Aunque los empleados considerados esenciales para la seguridad pública, como los controladores de tráfico aéreo y los agentes del orden, todavía tienen que presentarse a trabajar, otros empleados federales permanecen de licencia. Según una ley de 2019, esos trabajadores reciben pagos atrasados una vez que se soluciona el tema presupuestario.
Millones de trabajadores federales enfrentan retrasos en sus cheques de pago cuando el gobierno cierra, incluidos muchos de los aproximadamente 2 millones de personal militar y más de 2 millones de trabajadores civiles en todo el país. Para muchos trabajadores, el primer día de pago que perderían es el 13 de octubre.
Casi el 60 por ciento de los trabajadores federales están destinados en los departamentos de Defensa, Asuntos de Veteranos y Seguridad Nacional.
Si bien las tropas en servicio activo y los reservistas del ejército continuarían trabajando, más de la mitad de la fuerza laboral civil del Departamento de Defensa unas 440 mil personas estaría en licencia.
En todas las agencias federales, los trabajadores están destinados en los 50 estados y tienen interacción directa con los contribuyentes, desde agentes de la Administración de Seguridad del Transporte que operan la seguridad en los aeropuertos hasta trabajadores del Servicio Postal que entregan el correo.
Los parques nacionales cerrarán el lunes 2 de octubre si el gobierno inicia un cierre, y el Servicio de Parques Nacionales dijo que sus servicios no estarán disponibles.
Algunas oficinas federales también tendrán que cerrar o enfrentarse a horarios reducidos en caso de un cierre.
Las empresas estrechamente relacionadas con el gobierno federal, como los contratistas federales o los servicios turísticos alrededor de los parques nacionales, podrían sufrir interrupciones. El sector de viajes podría perder 140 millones de dólares diarios en un cierre, según la Asociación de la Industria de Viajes de Estados Unidos.
Los legisladores también advierten que un cierre podría sacudir los mercados financieros. Goldman Sachsha estimado que un cierre reduciría 0.2 por ciento el crecimiento económico cada semana que dure, pero se recuperaría una vez que el gobierno reabra.
La Corte Suprema, que comienza su nuevo periodo de sesiones el lunes, no se vería afectada por un cierre breve porque puede recurrir a dinero proveniente de cuotas judiciales, como cobros por presentar demandas y otros documentos, dijo la portavoz del tribunal Patricia McCabe.
El resto del poder judicial federal también funcionará normalmente durante al menos las dos primeras semanas de octubre, dijo Peter Kaplan, portavoz del poder judicial.
Incluso en un cierre más prolongado, todo el poder judicial no cerraría, y cada tribunal del país tomaría decisiones sobre qué actividades continuarían.
Los magistrados y todos los jueces federales seguirían recibiendo su remuneración debido a la prohibición constitucional de reducir el salario de los jueces durante su mandato, según el Servicio de Investigación del Congreso.