Sinaloa | 10/04/2023 01:11:00 p. m. | Víctor Acosta
La Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Sinaloa se encuentra bajo el escrutinio, tras el surgimiento de acusaciones de que algunos de sus empleados han intentado desviar una investigación que involucra a altos directivos del Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda de los Trabajadores, mejor conocido como el INFONAVIT.
El caso en cuestión gira en torno a una peculiar forma de triangular el presupuesto de adquisición de viviendas a empresas en las que también tenían cargos directivos.
La investigación interna del INFONAVIT inicialmente identificó irregularidades en el proceso, y el caso se convirtió en una cuestión penal.
Sin embargo, en la FGR se ha acusado de convertir en imputado al testigo clave del caso, que es Jesús Alberto Ley Castro, quien es el gerente de Centro de Servicios Infonavit en Los Mochis, y, según se afirma, fue víctima de los mismos delitos que está investigando.
En el trasfondo de este complicado entramado se encuentran nombres importantes como Martha Cecilia Robles Montijo, quien fue delegada de INFONAVIT-Sinaloa durante el período 2010-2019, y Laura Valenzuela Pérez, quien ha ocupado el cargo de gerente jurídico desde 2010 hasta la fecha.
Se alega que estas funcionarias están relacionadas con un fideicomiso del banco HSBC y la empresa de servicios financieros Patrimonio S.A., que habrían obtenido un pago de 1 millón 672 mil 146 pesos por la recompra de nueve casas en el fraccionamiento Nuevo Horizonte, de Los Mochis.
La transacción, cuyo valor unitario se pactó en 185 mil 794 pesos, aparentemente se basó en una resolución del Consejo de Administración del INFONAVIT del 26 de agosto de 2009, que se habría ejecutado en 2013.
El caso tomó un giro inesperado cuando en julio de 2022, Jesús Alberto Ley Castro, gerente de INFONAVIT-Los Mochis, recibió por error un sobre que contenía información crucial.
En su interior, encontró una minuta de escritura pública con evidentes irregularidades en las firmas de Robles Montijo y Valenzuela Pérez, que presuntamente había sido elaborada por el notario público, Manuel Valenzuela Tamariz. Esta minuta parecía validar la operación de recompra de las nueve casas, pero Ley Castro denunció que su firma había sido falsificada.
Ante la falta de evidencia que respaldara la operación, Ley Castro llevó el caso a la presidencia de INFONAVIT. Sin embargo, meses después, fue citado por el agente del Ministerio Público Federal, Cuitláhuac Osuna Jiménez, como testigo y víctima en la causa penal 01194/22, acusado de supuestos delitos como uso indebido de documentos, falsificación de firmas y acoso laboral.
El caso se complicó aún más cuando, el 15 y 16 de febrero del 2023, el fiscal a cargo cambió a Juan Carlos Martínez Colmenares, quien presuntamente inició una serie de ataques y ofensas hacia Ley Castro, así como retrasos en las diligencias.
La situación se agravó cuando Martínez Colmerares negó a Ley Castro el acceso a la carpeta de investigación y lo citó como indiciado en lugar de víctima.
Todo esto ocurrió a pesar de las acciones previas emprendidas por el abogado de Ley Castro para esclarecer el caso, como la solicitud de la intercepción de comunicaciones y la recepción de declaraciones de personas relevantes.
En respuesta a estos acontecimientos, Jesús Alberto Ley Castro presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal el pasado 21 de agosto, acusando al Ministerio Público Federal Juan Carlos Martínez Colmenares de violación de sus derechos fundamentales y de obstruir el debido proceso, denuncia que hasta la fecha no ha sido contestada.
Mientras el caso sigue desarrollándose, Ley Castro manifestó tener temor de su integridad física y laboral, puesto que en las últimas semanas ha crecido el acoso y la presión en sus actividades, con la intensión de que renuncie al puesto y con ello, deje abierto el camino a quienes operan o «intentan sanear» el posible caso de corrupción.