Sinaloa | 01/24/2024 04:56:00 p. m. | Heidi Fonseca
En el Gobierno de Sinaloa hay transparencia, orden y legalidad en el uso del recurso público, aclaró la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Ramírez Zepeda.
Apegada a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) destacó que le han confirmado el manejo responsable y eficiente del erario y destacó que en los dos años del Gobernador, Rubén Rocha Moya, el recurso se utiliza con sentido social, mismo que ha tenido finanzas sanas.
Ramírez Zepeda destacó que el compromiso es fortalecer el control interno y la vigilancia en la ejecución de la obra pública, por lo que en 2023 se mantuvo la acreditación de 5 pruebas de concreto y se encuentran en proceso de acreditación 8 pruebas en geotecnia, para garantizar la competencia técnica y confiabilidad de las pruebas que realiza el Laboratorio Estatal de Obra Pública.
Detalló que realizaron 356 visitas de inspección en tiempo real a obras públicas del estado y se llevaron a cabo 196 pruebas de laboratorio, para verificar que se estén ejecutando con la calidad contratada.
La Secretaria reiteró el trabajo en conjunto que han tenido con la Auditoría Superior de la Federación, lo cual les ha dado pie a que puedan responder con rapidez las observaciones.
Respecto a la Auditoría Superior de la Federación, explicó que de 22 auditorías hay resultados de 12 y están pendientes 10.
En el caso de las auditorías a los programas federales: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para las Personas Sin Seguridad Social Laboral y Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Media Superior, no hay ninguna observación respecto a la cuenta pública 2021.
La Secretaria también precisó que iniciaron 12 Informes por Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos, 11 de ellos por falta administrativa no grave, por incumplimiento de funciones y 1 por falta administrativa grave por enriquecimiento oculto.
Se aplicaron 5 sanciones administrativas, en 2 de ellas se impusieron multas por $865,980.00 y $215,088.00.
Además, se concretó la labor de esta Secretaría, a través de la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde a un ex servidor público se le aplicó la sanción de inhabilitación por 10 años y se le condenó al pago de la indemnización por daños causados a la hacienda pública del estado por $12,704,440.16.
Ciudadanos, a través de la figura de testigo social, vigilaron la aplicación de 2,246 millones de pesos destinados a obra pública estatal al participar en 126 licitaciones, cumpliendo con el compromiso de promover el uso correcto de los recursos e impedir vicios y malas prácticas durante el desarrollo de contratación.