09/08/2024 01:17:00 p. m.
Integrantes del Frente Cívico Nacional salieron a las calles la mañana de este domingo para marchar y manifestar su rechazo a la reforma judicial en México.
En la movilización pacífica también participaron militantes del PAN, PRI y PRD, así como ciudadanía en general e integrantes de organismos sociales y campesinos.
Desde el Parque Carranza hasta la Plazuela 27 de septiembre, los manifestantes circularon con cartulinas, mantas y gritando consignas para dar a conocer su preocupación e inconformidad ante dicha reforma.
Ricardo Enrique Díaz Vargas, secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado Sinaloa, señaló que no se puede permitir la elección de jueces por voto popular ya que pueden ser manipulados por grupos delictivos.
"Es algo muy peligroso tener jueces a modo, deben existir jueces con independencia. Su legitimidad se basa no en quien vota por él sino en el que dicte sentencias independientes. ¿Qué sucede si elegimos jueces a modo?, pues que van a favorecer a aquellas personas que los eligieron o apoyaron porque no tienen independencia, su legitimidad está cuestionada, trastocada", expresó.
Díaz Vargas hizo hincapié en que la sociedad requiere de profesionales capacitados y con verdadera preparación para poder resolver sus casos jurídicos, por lo que la selección se debe ejercer a través de concursos y no con cartas de recomendación de vecinos, como busca hacerlo la reforma judicial.
Asimismo, señaló que, de aprobarse la reforma, la justicia en el país se irá directo a un "abismo" de incertidumbre jurídica total pues quedará a manos de jueces inexpertos que fácilmente pueden ser manipulados por el crimen organizado.
Finalmente, criticó que los legisladores están haciendo las cosas meramente "al vapor" solo para complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador y darle su "regalo de despedida", sin importarles que esté de por medio el futuro de México.
Cabe señalar que son alrededor de mil 600 titulares, entre jueces, magistrados y ministros, a nivel nacional, los que se encuentran en riesgo de perder su trabajo una vez aprobada la reforma judicial.