03/05/2025 06:45:00 p. m.
El 3 de marzo entraron en vigor los aranceles generales de 25% a las importaciones de México y Canadá, anunciados por la administración de Donald Trump. A pesar de las prórrogas dadas por el Gobierno de Estados Unidos, los aranceles son ahora una realidad y su impacto económico ya se hace sentir en las regiones más vulnerables del país.
De acuerdo con un análisis reciente realizado por la calificadora estadounidense S&P Global Ratings, Sinaloa se encuentra entre los 10 estados mexicanos más expuestos a estos nuevos aranceles, que afectan principalmente a sectores clave de la economía como el transporte, los metales básicos (incluido el acero y aluminio) y el equipo eléctrico.
El informe de S&P Global Ratings clasifica a los estados de México según la importancia que tienen ciertos sectores económicos en su Producto Interno Bruto (PIB). Para que un estado sea considerado altamente vulnerable a los aranceles, el 20% o más de su PIB debe depender de sectores como transporte, maquinaria, metales básicos y equipo eléctrico, lo que es el caso de Sinaloa.
Las industrias más afectadas por los aranceles son aquellas vinculadas al comercio internacional de maquinaria, vehículos y productos derivados del acero y aluminio, donde Sinaloa juega un papel importante en la producción y exportación de estos bienes. La exposición de la entidad podría generar un aumento en los costos de producción y, por ende, una posible desaceleración económica.
Los sectores que dependen del intercambio con Estados Unidos en Sinaloa son cruciales, especialmente en áreas como la manufactura y la agricultura, que verían aumentados sus costos operativos debido a la aplicación de estos aranceles. De acuerdo con el análisis, aunque Sinaloa no es uno de los estados con la mayor dependencia de las industrias afectadas, el impacto en la cadena de suministro podría generar efectos adversos en los precios de bienes importados, lo que repercutiría directamente en los consumidores y en las pequeñas y medianas empresas locales.
Aunque estados como Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato podrían tener una mayor capacidad para soportar el impacto debido a su solidez financiera y bajos niveles de deuda, la situación para Sinaloa presenta desafíos. A pesar de ser considerado un estado de "exposición moderada", el aumento en los costos podría golpear a las familias sinaloenses que ya enfrentan dificultades económicas.
Además, Sinaloa tiene una gran cantidad de exportaciones dirigidas a los Estados Unidos, lo que pone a la entidad en una situación vulnerable ante las nuevas barreras comerciales impuestas. La medida de Trump podría elevar los costos de importación de insumos esenciales para diversas industrias, como la alimentaria, lo que podría traducirse en mayores precios de productos básicos.
El panorama económico general en México podría tornarse complicado, ya que otros estados como Nuevo León y Baja California también enfrentarán una fuerte presión económica debido a su mayor exposición a sectores estratégicos como el acero y los equipos eléctricos. En Sinaloa, la situación podría generar una desaceleración económica más pronunciada, que afectaría tanto a empresas locales como a los consumidores.
La incertidumbre sobre la duración de estas medidas también genera preocupación. Los empresarios locales esperan una pronta resolución de la disputa comercial entre ambos países, mientras que los ciudadanos temen que el aumento de precios derive en una espiral inflacionaria.
Este nuevo desafío económico, sumado a las tensiones internacionales, subraya la fragilidad de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, un escenario que podría tener repercusiones duraderas para la economía sinaloense.
Los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump llegan en un momento complicado para la economía mexicana, afectando especialmente a estados como Sinaloa. Si bien la región no se encuentra entre las más vulnerables, las industrias locales que dependen de la importación y exportación de productos clave se verán directamente afectadas, lo que podría traducirse en un aumento de precios y una desaceleración económica. La incertidumbre sobre el futuro de estas medidas sigue siendo alta, lo que mantiene a los analistas y a los ciudadanos en una espera tensa por los efectos que vendrán.