Política
Aspirantes corren riesgo de perder su candidatura en la «intercampaña»: INE
El INE informó que en el periodo de Intercampaña los aspirantes no pueden llamar al voto o serán sancionados
Explicó que ninguna autoridad puede hacer uso de recursos públicos para interferir en la contienda electoral.
Los aspirantes a cargos públicos para las próximas elecciones pueden perder su candidatura si cometen actos anticipados de campaña en el periodo de «intercampaña», informó el Vocal Ejecutivo delInstituto Nacional Electoral (INE) en Sinaloa , Jorge Luis Ruelas Miranda.
Precisó que el periodo de «intercampaña» inicia el 19 de enero y termina el 29 de febrero de este año, tiempo en el que los aspirantes a candidatos de todos los partidos no pueden pedir el voto ni a favor ni en contra, así como expresar propuestas a la ciudadanía.
«Ojalá no lleguemos a esos casos pero podría llegar hasta la negativa de la candidatura», expresó.
El vocal precisó que en este período los aspirantes deben cuidar sus actividades, debido a que aún no está garantizada su candidatura.
¿Que SI está permitido para los aspirantes en Intercampaña?
Las actividades estarán limitadas a eventos privados, eventos a puerta cerrada del Partido, actividades de organización y planeación para las campañas.
Incluso los aspirantes pueden brindar entrevistas a medios de comunicación, ya que el que tiene responsabilidad de cuidar lo que dice es la persona precandidata.
Cabe precisar que en este periodo de tiempo conocido como Intercampaña, los hasta hoy precandidatos a diputaciones federales, alcaldías, Senaduría; son sometidos al escrutinio de sus partidos donde se resuelven las posibles inconformidades con los perfiles que serán sus candidatos el próximo 2 de junio.
¿Los funcionarios pueden hacer campaña?
Ruelas Miranda aclaró que en el caso de los funcionarios públicos, tales como Gobernador, alcaldes, siempre están impedidos en cualquier periodo, de realizar proselitistas en apoyo a los partidos o algún candidato.
Explicó que ninguna autoridad puede hacer uso de recursos públicos para interferir en la contienda electoral.
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