01/23/2025 03:15:00 p. m.
Un juez federal de Seattle dictó el jueves una orden de restricción temporal contra el decreto del presidente Donald Trump que buscaba terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, calificando la medida de "descaradamente inconstitucional". El fallo llega como respuesta a la solicitud del fiscal estatal de Washington, Nick Brown, y otros tres estados liderados por demócratas, que pidieron bloquear la política durante un periodo de 14 días mientras se lleva a cabo una revisión más profunda del caso.
El juez John Coughenour, designado por el expresidente Ronald Reagan y con más de cuatro décadas de experiencia judicial, expresó su asombro ante la claridad del caso. "No recuerdo otro caso en el que la pregunta planteada fuera tan clara", señaló Coughenour en su declaración. Además, el juez cuestionó la validez del decreto, preguntándose: "¿Dónde estaban los abogados?" cuando se tomó la decisión de firmarlo. Afirmó que le "confundía" que algún miembro del Colegio de Abogados pudiera declarar que la orden era constitucional.
Por su parte, el presidente Trump reaccionó rápidamente ante la orden judicial, anunciando que su administración apelará la decisión del juez. "No, obviamente apelaremos", expresó Trump desde la Oficina Oval. "Lo pusieron ante un cierto juez en Seattle, supongo, ¿verdad? Y no hay sorpresas con ese juez", agregó en tono desafiante.
La disputa legal se centra en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la ciudadanía a todos los niños nacidos en suelo estadounidense y "sujeto a su jurisdicción". Los estados demandantes argumentan que el decreto de Trump es una violación flagrante de esta disposición constitucional, poniendo en riesgo la ciudadanía de miles de niños nacidos en el país.
Lane Polozola, abogado del estado de Washington, enfatizó durante la audiencia que "los nacimientos no se pueden pausar". Según Polozola, la incertidumbre generada por el decreto sobre la ciudadanía afectaría de manera significativa a los niños nacidos en ese periodo, generando un daño a largo plazo. Además, destacó que el decreto de Trump parece ignorar los daños potenciales a los afectados, sugiriendo que esa exclusión podría ser, en realidad, el objetivo del decreto.
El impacto del decreto también tiene implicaciones financieras y logísticas para los estados, ya que los niños nacidos bajo esta medida quedarían privados de los beneficios federales que recibirían como ciudadanos. Washington y otros estados implicados en la demanda advierten que esto pondría una carga adicional a sus programas estatales.
En su defensa, el Gobierno de Trump argumenta que la cláusula de la Enmienda 14 que menciona "sujeto a su jurisdicción" otorga al presidente la facultad de excluir a los hijos de inmigrantes indocumentados, así como a aquellos niños nacidos de padres legalmente presentes pero sin estatus de residencia permanente.
Brett Shumate, abogado del Departamento de Justicia, pidió al juez que retrasara la emisión de la orden de restricción temporal, argumentando que aún no se dispone de toda la información necesaria sobre la política. Shumate insistió en que el tribunal no debía emitir un juicio apresurado sobre el fondo del asunto, ya que los casos en curso que desafían el decreto se encuentran avanzando a un ritmo más lento.