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Tribunal ordena al Gobernador y la Fiscal detener campaña de difamación contra la UAS

Ordenó que no se emitan comentarios que hagan suponer que el titular de Finanzas de la UAS, Salvador Pérez Martínez es culpable de un delito.

Comunicado
21/06/23

Tribunal ordena al Gobernador y la Fiscal detener campaña de difamación contra la UAS

Un Tribunal Colegiado prohibió al Gobernador, Rubén Rocha Moya y a la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, hacer comentarios que difamen a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El Colegiado ordenó que no se emitan cometarios que hagan suponer que el titular de Finanzas de la UAS, Salvador Pérez Martínez es culpable de un delito o que pueda tener algún tipo de responsabilidad.

Sobre el amparo interpuesto por el secretario de Finanzas, resolvió que era indebido que se le negara la suspensión provisional en contra de los actos de investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa (UIPE), de la FGE, indicó el director de la Facultad de Derecho Mazatlán, José Ramón Bonilla Rojas.

«A ellos no les corresponde hacer juicios de ese estilo, y en ese sentido salió la resolución del Tribunal Colegiado, que les está impidiendo que tanto el Gobernador como la Fiscal hagan juicios maliciosos. Es decir, que respeten la presunción de inocencia porque ustedes no son autoridad para decir quién es culpable o inocente de un delito», expresó.

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El también integrante del Cuerpo de Abogados de la Casa Rosalina, señaló que, ante el recurso de queja interpuesto por el propio Pérez Martínez, dicho Colegiado resolvió que el juzgado le otorgue al funcionario universitario la suspensión provisional.

Informó que un juez federal ordenó tanto a la UIPE como a la Fiscalía que permitan que un funcionario judicial, en este caso un actuario del propio juzgado, se constituya en las instalaciones de ambos órganos para que, a través de una inspección.

Que se verifique que existen las denuncias en contra de Salvador Pérez Martínez, así como los oficios e investigaciones que se hayan hecho, dado que ha habido secrecía indebida en contra de los presuntos indiciados, pero que se ha publicitado en los medios.

En el caso del amparo promovido por el Rector, Jesús Madueña Molina, el funcionario enfatizó que el juez Tercero de Distrito consideró que aún no hay un acto de molestia en su contra y por ello no admitió dicha demanda.

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